La Justicia aprieta a la AFA: el tesorero declara por una millonaria causa que dejó al descubierto un oscuro manejo de fondos

El corazón financiero del fútbol argentino está bajo la lupa de la justicia penal económica. Pablo Toviggino, el tesorero de la AFA y hombre de confianza de Claudio “Chiqui” Tapia, declaró este martes ante el juez Diego Amarante por una investigación que supera los 19.300 millones de pesos. La acusación central es grave: la Asociación habría retenido dinero que no le pertenecía y no lo depositó al Estado en los plazos legales.

La declaración de Toviggino se produce después de un intento fallido de postergarla. La semana pasada, el dirigente logró cambiar la fecha original de su indagatoria tras realizar un cambio en su equipo de abogados defensores. Sin embargo, la estrategia dilatoria encontró un muro.

Esta misma semana, el magistrado Amarante rechazó de plano los pedidos de nulidad presentados tanto por Toviggino como por el presidente Tapia. El juez ratificó las indagatorias programadas y desestimó los argumentos de las defensas, que alegaban la inexistencia de delito y la existencia de un recurso pendiente ante la Cámara.

¿De qué se acusa concretamente a la AFA?

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) es el organismo que impulsa la causa. Su denuncia detalla que la AFA actuó como agente de retención de tributos nacionales y recursos de la seguridad social, pero incumplió sistemáticamente su obligación de depositarlos. El plazo legal es de 30 días corridos posteriores al vencimiento, un requisito que, según la investigación, no se cumplió.

Los períodos bajo análisis abarcan desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025. Las retenciones que no se habrían ingresado en tiempo y forma corresponden a conceptos clave: el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a las Ganancias y las contribuciones a la seguridad social de sus empleados.

Para la agencia recaudadora, estas maniobras configuran el delito de “omisión”. Explican que el deber de actuar surge directamente de la calidad de agente de retención, y la conducta típica se materializa justamente en la falta de depósito del dinero retenido en el momento oportuno.

Los números que estremecen: más de 19.300 millones en juego

Las cifras de la investigación son astronómicas y fueron creciendo. La denuncia inicial de ARCA hablaba de un monto de $7.593.903.512,23 en obligaciones no depositadas. Este total se dividía en dos grandes rubros: retenciones impositivas y retenciones de la seguridad social.

Posteriormente, una ampliación de la denuncia sumó otros $11.759.643.331,62 al monto bajo investigación. La suma de ambos importes lleva el total que la Justicia investiga a más de $19.300 millones. Se trata de dinero que, según la teoría del caso, pertenecía al Estado y a los trabajadores, pero quedó en manos de la AFA.

ARCA fue contundente al aclarar este punto: “Los importes en cuestión no constituyen fondos propios del contribuyente, sino recursos ajenos que pertenecen al Estado desde el momento mismo de la retención, por lo que su no ingreso implica una indebida apropiación de caudales públicos”.

La teoría del delito: conocimiento y capacidad para pagar

El organismo acusador no solo presentó números, sino también una sólida teoría sobre la intencionalidad. Sostiene que “el delito se consuma con dolo”, es decir, con conocimiento y voluntad. Esto se traduce en que la AFA conocía su obligación legal de ingresar las sumas retenidas y tenía la posibilidad real de hacerlo.

“La AFA conocía su obligación, había practicado las retenciones y se encontraba en condiciones de cumplir con el depósito, optando sin embargo por omitirlo”, aseguró ARCA en su presentación. Esta afirmación busca cerrar cualquier posible argumento defensivo basado en un error o en una imposibilidad económica.

Entre las pruebas que ofrece el organismo estatal para demostrar esa “capacidad fáctica” se encuentran informes del Banco Credicoop. Allí se constataron acreditaciones en cuentas de la AFA y, significativamente, la constitución de plazos fijos en pesos y dólares por sumas considerables. Estas inversiones demostrarían que la institución sí disponía de fondos líquidos para cumplir con sus obligaciones tributarias y previsionales, pero decidió no hacerlo.

La declaración de Toviggino marca un punto de inflexión en una causa que ya había generado fuertes cruces entre la dirigencia futbolera y la Justicia. El rechazo a los pedidos de nulidad indica que la investigación avanza con firmeza, poniendo bajo escrutinio las prácticas financieras de la entidad madre del fútbol argentino.