La Justicia avanza con el decomiso de 111 inmuebles vinculados a la causa Vialidad
La Cámara de Casación confirmó el decomiso de 111 inmuebles de Cristina Kirchner, sus hijos y Lázaro Báez para cubrir $685.000 millones de la causa Vialidad.
Este viernes, la Cámara de Casación confirmó el decomiso de los bienes de la expresidenta Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y el empresario Lázaro Báez para cubrir los casi $685.000 millones que deben responder por la causa Vialidad. La medida alcanza un total de 111 inmuebles, entre los que se destacan propiedades en El Calafate y Río Gallegos.
¿Qué propiedades están incluidas?
El decomiso abarca 84 inmuebles de Lázaro Báez; 19 de Máximo y Florencia Kirchner, incluyendo el complejo Hotel Los Sauces; y uno solo de la expresidenta: un terreno en El Calafate de más de 6.000 metros cuadrados. También figuran propiedades vinculadas a Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA, Gotti Hnos. SA y Loscalzo y Del Curto SRL.
Entre los bienes de la familia Kirchner se incluyen una propiedad sobre Avenida 17 de Octubre al 800, en El Calafate, de 6.001,64 m², incorporada en 2007; diez unidades en la calle Mitre al 500, en Río Gallegos, transferidas a los hijos ese mismo año; una vivienda en 25 de Mayo al 200, sumada en 2010; y otra en Presidente Néstor Kirchner al 400, de 2006.
El fallo judicial
La Sala IV de la Casación rechazó todos los recursos de las defensas y ratificó lo dispuesto por el Tribunal Oral Federal N° 2 en 2022. En junio de 2024, la Corte Suprema había dejado firme la condena, pero el decomiso seguía apelado. Ahora, si los bienes no alcanzan para cubrir el monto total, la Justicia procederá contra el patrimonio de otros condenados: José López, Mauricio Collareda, Raúl Pavesi y Raúl Daruich.
Las defensas intentaron limitar el decomiso argumentando falta de “trazabilidad directa” de los bienes con el delito. Sin embargo, los jueces señalaron que en delitos de corrupción complejos no se puede exigir una trazabilidad lineal y basta con probar una vinculación económica razonable. Además, aclararon que la medida no es una pena contra los hijos de Cristina Kirchner, sino una “medida restaurativa del patrimonio estatal”.
