La Justicia citó a declarar a la partera Dolly: el dato que apareció en su casa y complica su defensa
Un certificado de nacido vivo en blanco y un título de obstetra digitalizado: lo que el allanamiento en la casa de la partera Dolly dejó en manos de la Justicia, mientras la causa por apropiación de bebés avanza.
El Juzgado Federal 4 de Rosario reprogramó la declaración indagatoria de la partera Dolly, la mujer de 88 años acusada por la apropiación de bebés en uno de los casos más resonantes de la causa. La audiencia estaba fijada para este miércoles en el palacio de bulevar Oroño y Rioja, pero se postergó hasta la semana próxima.
En principio, la exobstetra será indagada el martes 20 de octubre en los Tribunales federales de Rosario. En encuentros anteriores declaró por videoconferencia, mientras que su defensa siguió el procedimiento desde la sala.
Quién es el denunciante que destrabó la causa
La indagatoria apunta a la situación de Roberto Fargioni, uno de los creadores del grupo Cardumen, cuya identidad biológica fue suprimida en 1978 mediante documentos falsos que lo vinculaban a sus padres de crianza.
Fargioni lo descubrió a los 36 años, cuando un examen de ADN reveló que no tenía vínculo genético con quienes lo criaron. Una década después presentó una denuncia penal por supresión de identidad: primero acudió al Ministerio Público de la Acusación (MPA) y más tarde fue aceptado como querellante en el fuero federal.
Su certificado de nacimiento llevaba la firma de Dolly, que por entonces trabajaba en el Hospital Roque Sáenz Peña. A partir de esa búsqueda, la exobstetra del nosocomio municipal quedó imputada por otros seis casos de apropiación de personas nacidas entre 1968 y 1980. Entre esas causas figura la de su hija adoptiva, Liliana Garrido.
El intento de prescripción que la Cámara rechazó
Mientras el equipo del Ministerio Público Fiscal analizaba nuevos testimonios y evidencia, la defensa de la anciana pidió la prescripción de la causa que impulsó Fargioni en noviembre de 2023. La Cámara Federal de Apelaciones se pronunció en contra y fijó un plazo de un año para avanzar con la investigación.
Así quedó confirmada la calificación legal de los delitos de supresión y alteración del estado civil y de la identidad de una menor de 10 años, además de la falsedad ideológica de instrumento público.
El primer llamado a declaración indagatoria, en el marco del viejo sistema procesal penal, había sido rechazado el 7 de abril. El tribunal de alzada revirtió esa decisión y habilitó una nueva fecha para retomar el proceso.
Los documentos que pesan contra la partera
Uno de los elementos que consideró la Cámara de Apelaciones es el acta de nacimiento del denunciante. Según consta en la resolución, el documento del 9 de septiembre de 1978 fue certificado por la entonces obstetra Dolly E. Viale de Garrido.
También se incorporó un estudio de ADN de la Fundación INGEN que, de acuerdo con el informe citado por el tribunal, excluyó la existencia de vínculo de maternidad y paternidad entre las personas identificadas como madre y padre y quien fuera identificado como hijo.
A eso se sumó un informe del Instituto Municipal de Previsión Social de Rosario, según el cual Viale se desempeñó como profesional auxiliar obstetra en el Hospital Roque Sáenz Peña, donde cubrió 36 horas semanales entre agosto de 1964 y febrero de 1992.
Otro elemento destacado fue un informe del Ministerio de Justicia del 18 de marzo de 2026, en el que la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) comunicó la existencia de otras siete situaciones similares: personas con dudas sobre su identidad cuyas partidas de nacimiento también fueron firmadas por Viale.
El allanamiento y los elementos que se sumaron después
La investigación incorporó además material obtenido con posterioridad al recurso de apelación. Entre esos elementos figuran entrevistas realizadas en abril de este año y un certificado de nacido vivo en blanco secuestrado durante un allanamiento en el domicilio de la denunciada. En ese mismo procedimiento se encontró una copia digitalizada de su título universitario como obstetra.
Con ese conjunto de elementos, el juez Aníbal Pineda sostuvo que existen suficientes motivos de sospecha para recibirle declaración indagatoria a Viale, en los términos previstos por el artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación.
