La Justicia de Formosa se les dio un aumento millonario y la respuesta de los trabajadores no se hizo esperar
Fátima Gutiérrez, secretaria general de la Asociación Judicial de Formosa, salió a responderle al Superior Tribunal tras la ratificación del descuento de horas no trabajadas. La dirigente gremial apuntó contra la falta de transparencia en la política salarial y confirmó asamblea y movilización para la semana que viene. ¿Qué dijo sobre el aumento que se autoconcedieron los magistrados?
Los trabajadores judiciales de Formosa redoblaron la apuesta: este jueves arrancaron una nueva medida de fuerza con paros parciales desde las 10:30 y marcado de tarjeta, en reclamo de equidad salarial y en rechazo al incremento que se autoconcedieron los integrantes del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
La secretaria general de la Asociación Judicial de Formosa, Fátima Gutiérrez, confirmó que la modalidad se extenderá por dos días consecutivos, con guardias mínimas garantizadas para no dejar sin servicio los trámites impostergables. Y anticipó que el plan de lucha no se detiene: habrá asambleas y una movilización masiva la semana próxima.
Descuentos y presión: la respuesta del STJ
El Máximo Tribunal provincial ratificó mediante una resolución el descuento de las horas no trabajadas para quienes adhieran a las medidas de fuerza. Para la dirigente gremial, la movida no sorprende: asegura que el gremio ya la tenía prevista y que el objetivo es desalentar el reclamo colectivo.
«La resolución toma estado público al aparecer en el portal oficial del Poder Judicial como una noticia de público conocimiento de que se van a descontar las horas no trabajadas. Reconocen que el derecho a la huelga, a la sindicalización y a la reunión están vigentes, pero argumentan que el Poder Judicial no tiene por qué subsidiar gente que no está trabajando. Nos contestan de esa manera porque le están dando relevancia a las decisiones de nuestro sindicato; valoramos que por fin se den cuenta cuál es el gremio que representa a todos los judiciales de la provincia», afirmó Gutiérrez.
La referente sindical remarcó que los descuentos y las presiones sobre el personal no son una novedad en el ámbito judicial. «Es una situación que teníamos prevista. No es la primera vez que cuando la Asociación Judicial dispone medidas de fuerza ellos establecen el descuento de los días no trabajados. No nos sorprende para nada porque no se trata solo del descuento: se trata también de las presiones para que aumenten la cantidad de productividad, para que no salgan hasta que no completen la cantidad de expedientes, para que vengan a reponer las horas de paro a contraturno o advertir que si se adhieren a la medida van a ser calificados con menos nota. Son recursos que siempre fueron utilizados a través del tiempo», remarcó.
La brecha que desató el conflicto
El corazón del reclamo no pasa por cuánto ganan los magistrados, sino por la metodología con la que se reparten los aumentos. Desde la conducción gremial aclararon que no cuestionan la jerarquía ni los ingresos de los jueces por sus responsabilidades, sino el quiebre de la proporcionalidad en la distribución.
«Nos contestan que se va a descontar de todas maneras y en medio de eso aparece el mensaje violento institucional diciendo que la secretaria general es mentirosa porque no es tanto lo que se asignaron. Mis compañeros saben quién soy y la trayectoria que tengo; no nos preocupa ese discurso, lo que sí nos preocupa es que siguen mirando para otro lado. Nosotros no estamos cuestionando el monto que ellos se dieron, creemos que se merecen ganar bien de acuerdo a las responsabilidades que tienen, pero lo que estamos reclamando es la porcentualidad», precisó.
Gutiérrez detalló las diferencias porcentuales entre las categorías del escalafón y recordó que esta metodología ya tiene antecedentes. «Si se asignaron un aumento diferente al que dio el gobernador —porque además se asignaron el aumento del gobierno provincial y aparte otra suma bastante importante— el problema no es si llegan a 25, 27 o 30 millones. El problema es que se dieron ese incremento solamente para ellos y a los trabajadores judiciales no nos correspondió la porcentualidad que rige a través de nuestro sistema histórico de valores de referencia. El reclamo se basa en la brecha actual existente. En 2024 hicieron exactamente lo mismo; es la segunda vez que el Superior Tribunal se da un aumento en un porcentaje bastante más importante que el asignado a la base. A un trabajador judicial le corresponde un adición de alrededor de 18 000 pesos, mientras que a la categoría más baja de funcionarios le correspondió alrededor de 900 000 pesos», argumentó.
Transparencia en la mira
Desde la cúpula del Poder Judicial salieron a desmentir que la representación sindical acceda a los recibos de sueldo. Gutiérrez rechazó esa versión y apuntó contra la falta de apertura en la política salarial.
«Desmiento totalmente haber dicho que tenemos los recibos. Lejos está de mí comprometer a mis propios compañeros del servicio financiero, que tienen un deber de reserva y no pueden publicar nada que no esté autorizado. La transparencia no es precisamente la regla en el lado de los sueldos. Nosotros sabemos esto porque hay magistrados y funcionarios que un día fueron compañeros nuestros, nos llamaron, se solidarizaron y nos dijeron: ‘Sí, recibimos un aumento, nos sorprendió porque no sabíamos que esto iba a pasar, pero creemos que a ustedes también les corresponde’. Hubiera sido una respuesta más humana por parte del Superior Tribunal decir que iban a buscar una forma de solución en lugar de actuar así», manifestó.
Asamblea y movilización
El plan de acción continuará con la participación de otros sectores afectados por las decisiones financieras de la administración de justicia. «El martes tenemos asamblea general en el edificio de tribunales en España y San Martín a partir de las 10 de la mañana. Y si el tiempo ayuda, el miércoles tenemos movilización al Superior Tribunal. Convocamos a los compañeros jubilados, a los magistrados y funcionarios retirados y a los abogados del foro, que son tres sectores profundamente afectados por esta decisión de otorgarse este incremento por afuera del sistema de valores de referencia. Se dieron un aumento encubierto y todos estos sectores se vieron desfavorecidos. Es una situación de discriminación, de decir: ‘nosotros hacemos lo que queremos y ustedes vean cómo se arreglan’. Que salga un ministro a hablar no nos cambia la brújula hacia ningún lugar porque no nos preocupa saber cuánto gana él, lo que nos preocupa saber es cuándo nos van a dar el mismo porcentaje que ellos se dieron», concluyó la dirigente.