La Justicia de Lomas les negó otra vez la libertad a los condenados por el crimen de Lara Fernández

El Tribunal Oral en lo Criminal N.º 5 de Lomas de Zamora rechazó este jueves un nuevo pedido de excarcelación impulsado por la defensa de los tres condenados por el asesinato de Lara Valentina Fernández, la adolescente de 17 años que murió de un disparo en la cabeza durante un robo en Parque Barón, en la madrugada del 1 de enero de 2022.

La presentación buscaba la libertad de Cristian Mario Maidana, Alan Benjamín González Ávalos y Leandro Nicolás Strassera. El argumento central era que el plazo de la prisión preventiva se había vuelto «irrazonable» por el tiempo que llevan detenidos antes de que las condenas queden firmes.

Los jueces del tribunal lomense hicieron lugar a los planteos de la fiscal Mariana Monti y de los abogados querellantes, que pidieron sostener el encierro preventivo. La razón: el riesgo de fuga es evidente frente a la magnitud de las penas dictadas en primera instancia.

Las condenas que pesan sobre los acusados

En noviembre de 2024, el TOC N.º 5 había condenado a González Ávalos a 24 años de prisión, a Strassera a 21 años y a Maidana a 20 años. Los tres fueron hallados coautores de homicidio en ocasión de robo agravado por el uso de arma de fuego y por la participación de un menor de edad.

El cuarto integrante del grupo, Martín Aguirre, fue declarado inimputable porque tenía 15 años al momento del hecho.

El descargo de la madre: «Para las víctimas nunca hay una audiencia»

Tras conocerse la resolución, Laura Fernández, madre de la joven, valoró que se haya rechazado la excarcelación, pero apuntó contra el funcionamiento del sistema judicial y la revictimización que, asegura, sufren las familias.

«Siempre se hacen este tipo de audiencias para saber cómo están los detenidos y ver si se les da algún beneficio porque los defensores lo piden. Para la víctima nunca hay una audiencia para preguntar cómo se siente o si necesita apoyo. Llega un momento que te cansa porque los delincuentes tienen defensores gratuitos pagos por el Estado y las familias tenemos que costear todo de nuestro bolsillo», expresó con indignación.

La familia de Lara aguarda ahora una definición de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Allí recurrieron para intentar revocar la recalificación del fallo y lograr que el hecho sea juzgado como homicidio criminis causa, la figura penal que contempla de manera exclusiva la pena de prisión perpetua.