La Justicia dejó afuera a dos cerealeras de la causa El Caburé: qué había detrás de su reclamo

El Tribunal N°3 en lo Penal del Colegio de Jueces de la segunda circunscripción resolvió desplazar a Galia Norte y San Jorge Cereales como querellantes en la causa que investiga las presuntas irregularidades en la cosecha de maíz del campo El Caburé. Para los magistrados, las firmas no lograron demostrar que sean víctimas directas de los delitos bajo investigación.

La decisión revocó lo que había dispuesto el juez de Garantías Alfredo Cuello el 4 de septiembre, cuando habilitó a ambas empresas a volver a intervenir en el expediente. Contra esa medida se presentaron tres apelaciones: la Fiscalía, la Fiscalía de Estado y la defensa de Ricardo André Bazla. El tribunal aceptó los tres planteos.

El origen de la disputa

El conflicto por la participación de las cerealeras se entrelaza con el corazón del caso: la cosecha de maíz de un campo que estaba en manos del Estado y cuyo destino ahora revisa la Justicia. Las empresas habían sembrado en el predio y alegan tener derechos sobre la producción. Ese reclamo, según el fallo, deberá discutirse por otra vía judicial.

Qué se investiga en El Caburé

La causa busca determinar si existieron irregularidades en la recolección y el destino de la cosecha de maíz de un establecimiento rural bajo posesión estatal. También apunta a comprobar si faltó rendición de cuentas y si ingresaron o no los fondos correspondientes a las arcas provinciales. A eso se suma la contratación de una persona por fuera de los procedimientos previstos para los organismos públicos.

Por estos hechos están imputados Ricardo André Bazla, exsecretario de Ética Pública y Control de Gestión, y Darío Oviedo Helfenberger, exdirector de Ética y Legalidad. Las acusaciones abarcan figuras vinculadas con la defraudación contra la administración pública, el peculado y el incumplimiento de los deberes de funcionario público, con distintos alcances para cada imputado.

Por qué quedaron afuera

En los fundamentos del fallo, los jueces María Monserrath Bocca, Hernán Diego Herrera y Marcelo Oscar Bustamante Marone marcaron una diferencia entre un posible perjuicio económico para las firmas y la condición de víctimas directas de los delitos investigados. Entendieron que las presuntas irregularidades afectan el patrimonio y el funcionamiento de la administración pública, por lo que el Estado provincial es el damnificado en este expediente.

Los magistrados también observaron que las cerealeras sostienen una hipótesis sobre la titularidad del inmueble y del maíz que no coincide con la delimitada por la Fiscalía. A su criterio, permitirles actuar como querellantes podía incorporar acusaciones ajenas al objeto procesal y poner en riesgo el derecho de defensa de los imputados.