La Justicia dejó libre a la madre de Thiago y la familia estalló en la Ciudad Judicial

La familia paterna del nene de 2 años asesinado en junio en barrio Convivencia se movilizó este jueves para exigir que los dos imputados sigan tras las rejas. El detonante: el juez Antonio Pastrana le concedió prisión domiciliaria a la madre, María del Milagro Cuéllar Medina, y la Fiscalía ya apeló.

La protesta se concentró frente a la Ciudad Judicial de Salta. Los allegados a Thiago Altamirano reclamaron justicia y rechazaron el beneficio que le permite a la joven de 19 años cumplir la medida cautelar en su casa mientras avanza la investigación.

Para la familia, los dos acusados deben permanecer detenidos en establecimientos penitenciarios. Piden que se esclarezca lo ocurrido y que no se otorguen ventajas que, a su entender, puedan condicionar el desarrollo de la causa.

Qué reveló la autopsia

Thiago murió el 22 de junio en una vivienda de barrio Convivencia. Al principio se manejó la hipótesis de una caída accidental de la cama, pero los forenses la descartaron: el niño falleció por insuficiencia respiratoria provocada por asfixia mecánica, con obstrucción de la boca y la nariz.

El cuerpo presentaba múltiples lesiones. Esos hallazgos fueron clave para orientar la pesquisa hacia una muerte violenta.

Quiénes están imputados

Franco Funes, de 32 años y pareja de la madre, está acusado de homicidio agravado por alevosía. Cuéllar Medina enfrenta una imputación por homicidio agravado por el vínculo, en carácter omisivo.

En el expediente hay estudios genéticos que detectaron material biológico de Funes en el cuerpo de la víctima. La Fiscalía también analizó mensajes del celular de la madre que, según la hipótesis acusatoria, demostrarían que sabía de un episodio previo de violencia física contra Thiago.

La decisión que encendió la protesta

El 22 de octubre, el juez Pastrana otorgó la prisión domiciliaria a Cuéllar Medina y fijó 30 días de prisión preventiva para Funes. La resolución no conformó al fiscal Daniel Espilocín, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, que presentó una apelación.

El fiscal pidió la nulidad de la decisión y que ambos imputados queden en prisión preventiva por cuatro meses. Cuestionó que el magistrado no haya fundamentado suficientemente el arresto domiciliario y advirtió sobre los riesgos procesales por la gravedad de los delitos y las penas que podrían corresponder.

Espilocín también rechazó la posibilidad de que la muerte del niño haya sido culposa, con base en las conclusiones forenses y los elementos reunidos. Sobre Funes, consideró insuficiente el plazo de 30 días y sostuvo que la cercanía de un eventual juicio no elimina los riesgos.

Mientras la apelación espera resolución, la familia paterna volvió a poner el caso en el centro de la escena pública con una marcha que pide que la causa no pierda impulso.