La Justicia dejó sin efecto la regla que usaban para imputar al conductor del caso Brisa Gallardo
Policiales · San Juan

La Justicia dejó sin efecto la regla que usaban para imputar al conductor del caso Brisa Gallardo

La Justicia declaró inconstitucional el decreto que daba prioridad de paso a quienes circulan por avenidas, la norma en la que se apoyaba la imputación contra el conductor. La defensa había reclamado que esa regla no podía modificar la ley nacional. ¿Qué pasa ahora con la causa?

La causa por la muerte de Brisa Gallardo, la joven que falleció tras un choque en moto en el centro de San Juan, tuvo un giro procesal: el Tribunal declaró inconstitucional el artículo del decreto provincial que establecía la prioridad de paso para quienes circulan por avenidas. La medida responde a un planteo de la defensa de Mateo Joaquín Argüello Medawar, imputado por homicidio culposo.

La decisión no cierra la investigación ni absuelve al imputado. El Tribunal dispuso que la Fiscalía podrá readecuar la imputación según el régimen de la Ley Nacional de Tránsito 24.449, mientras la formalización de la causa sigue vigente.

El choque que terminó con la vida de Brisa Gallardo

El siniestro ocurrió en la intersección de calle Catamarca y avenida José Ignacio de la Roza, en Capital. Según la reconstrucción del expediente, Gallardo circulaba en moto por Ignacio de la Roza de oeste a este, y Argüello Medawar manejaba un Peugeot 3008 por Catamarca de sur a norte. Ambos rodados chocaron en el cruce y la joven murió como consecuencia del impacto.

En la audiencia de formalización del 4 de septiembre, la Fiscalía le atribuyó al conductor el delito de homicidio culposo (artículo 84 bis del Código Penal). La acusación se basó en que habría omitido ceder el paso al atravesar una avenida, conforme al artículo 41 inciso d) del Decreto Provincial 250-R/2006.

La defensa, a cargo del abogado José Beltrán Bengoa, cuestionó la validez de esa norma. Sostuvo que la Ley Nacional 24.449 fija como regla la prioridad de quien circula por la derecha y prevé excepciones específicas que no incluyen el hecho de atravesar una avenida.

Por qué el Tribunal declaró inconstitucional el decreto

Los magistrados entendieron que San Juan adhirió íntegramente a la Ley Nacional de Tránsito a través de la Ley Provincial 528-R y, con ello, incorporó el régimen de prioridades del artículo 41. Para modificar esa regla, la Provincia debía sancionar una ley formal en la Legislatura, no recurrir a un decreto del Ejecutivo.

El fallo señaló que el artículo 41 inciso d) del Decreto 250-R/2006 excedió las facultades reglamentarias del Poder Ejecutivo al introducir una excepción no contemplada en la normativa nacional. Aclaró, de todos modos, que no se cuestiona la potestad provincial para regular el tránsito ni sus facultades de policía en seguridad vial: el problema fue el mecanismo elegido para modificar el régimen legal.

La defensa también había invocado fallos de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de San Juan ("Balmaceda", "Espejo", "Corzo", "Aguiar Arévalo" y "Zalazar") que cuestionaron la validez del mismo decreto. Planteó además una contradicción entre los criterios de los fueros civil y penal y sostuvo que debía prevalecer la interpretación más favorable al imputado.

La Fiscalía y la querella se opusieron al planteo. Argumentaron que la regulación del tránsito es una facultad reservada a las provincias y que la Ley 528-R habilitó al Ejecutivo a dictar reglamentaciones para adaptar la normativa nacional a las particularidades locales. También defendieron que la prioridad de las avenidas responde a razones de seguridad vial por el mayor volumen de circulación que concentran esas arterias.

Qué pasará con la causa contra Argüello Medawar

Con la declaración de inconstitucionalidad, el Tribunal hizo lugar parcialmente al recurso de la defensa y habilitó a la Fiscalía a readecuar la imputación bajo la Ley Nacional 24.449, sin que ello implique el fin de la investigación.

La querella, representada por la abogada Julieta Campillay Fernández, había pedido que también se investigaran otros aspectos de la conducción del imputado: la velocidad a la que circulaba, su capacidad de percepción, las maniobras de frenado y el cumplimiento del deber general de cuidado. El objetivo es que la eventual responsabilidad penal no quede limitada a la discusión sobre quién tenía prioridad de paso.

Por otro lado, el Tribunal declaró inadmisible por extemporáneo el recurso de la querella para solicitar la inhabilitación provisoria de Argüello Medawar y la retención de su licencia de conducir. La presentación se hizo el 14 de septiembre, cuando ya había vencido el plazo de tres días para impugnar la resolución del 4 de septiembre, por lo que no fue tratada.

El fallo introduce un cambio relevante en el marco normativo de la causa por la muerte de Brisa Gallardo. Resta definir cómo continuará la investigación y qué elementos permitirán establecer las eventuales responsabilidades por el siniestro fatal.

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