La Justicia desata una investigación clave sobre el viaje de Adorni a Punta del Este

Una medida judicial abre una nueva etapa en la investigación sobre el viaje del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a Uruguay. El juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de las empresas que habrían pagado la polémica estadía, buscando determinar el origen del dinero y posibles vínculos con el funcionario.

La investigación se centra en la empresa IMHOUSE S.A., propiedad del periodista Marcelo Grandio. La decisión del magistrado permitirá acceder a los movimientos bancarios de la firma para evaluar si tenía capacidad económica para afrontar los costos del viaje y, fundamentalmente, descifrar si existe una conexión con Adorni.

En paralelo, el juez Lijo requirió formalmente al Gobierno que informe si el viaje del vocero presidencial a Punta del Este durante el fin de semana largo de febrero tuvo carácter oficial o contó con alguna autorización administrativa.

¿Qué detalles pidió la Justicia al Gobierno?

El magistrado solicitó detalles específicos sobre eventuales expedientes, comisiones de servicio, asignación de pasajes, viáticos o rendiciones de gastos vinculadas al traslado y la estadía de Adorni. El requerimiento apunta especialmente a la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, para establecer si hubo algún tipo de respaldo institucional.

Además, la medida de levantar el secreto fiscal no se limita a las empresas bajo sospecha. También alcanza a otras personas vinculadas a la operatoria, incluyendo a un piloto corporativo que figura como comprador de un paquete de vuelos privados que incluiría el regreso desde Uruguay.

Los números bajo la lupa

La documentación incorporada al expediente judicial revela los montos en juego. Según los datos, el vuelo de ida habría tenido un costo de aproximadamente 4.830 dólares. Sin embargo, el paquete que incluía el viaje de regreso asciende a más de 42.000 dólares.

La Justicia busca rastrear el origen de estos fondos y evaluar posibles incompatibilidades. Un elemento clave es que la productora IMHOUSE mantiene vínculos con la Televisión Pública, un área que depende de la órbita del propio jefe de Gabinete, lo que agrega otra capa de complejidad a la investigación.

En esa línea, el juez Lijo también pidió informes detallados sobre la situación patrimonial, financiera y comercial de todas las firmas involucradas. El objetivo es reconstruir minuciosamente el circuito del dinero y establecer con certeza quién financió el viaje.

Esta investigación avanza en paralelo a los pedidos de interpelación que diputados de la oposición formalizaron contra Manuel Adorni y Karina Milei por este caso, marcando un momento de alta tensión política y judicial.