La Justicia despejó a la cúpula del Jockey Club por la muerte de Juan Facundo Gorga, pero la causa no termina ahí
La familia de Juan Facundo Gorga no se queda quieta: evalúa apelar ante la Fiscalía General la decisión que dejó afuera de la causa a toda la cúpula del Jockey Club. Quiénes quedan ahora en la mira.
La investigación por la muerte de Juan Facundo Gorga, el nene que falleció el 2 de enero de 2024 en la pileta del Jockey Club de Rosario, tuvo este viernes un giro judicial de peso: la Fiscalía Regional ratificó la desestimación de la pesquisa contra los integrantes de la Comisión Directiva, la Mesa Directiva, la Comisión del Country y el Gerente General de la institución.
La decisión había sido adoptada en primera instancia por los fiscales de la Unidad de Delitos Culposos Valeria Piazza Iglesias y Matías Edery. Ahora quedó confirmada de manera definitiva por el fiscal regional Matías Merlo, que revisó el material probatorio reunido en el expediente antes de firmar la resolución.
Por qué la cúpula directiva quedó fuera de la acusación
El argumento central es la división de tareas dentro del club. Según la fundamentación de la Justicia, el mantenimiento, la inspección y el control diario de las instalaciones estaban delegados en el ámbito técnico-ejecutivo. Las autoridades de la cúpula directiva, en cambio, cumplen funciones organizativas y presupuestarias.
Por eso, los directivos actuaban bajo el llamado «principio de confianza» y no tenían conocimiento efectivo de las condiciones de peligro en el ducto de la piscina, de acuerdo con lo expuesto en la resolución.
Los antecedentes que la querella no pudo sostener
La Fiscalía también descartó los antecedentes presentados por la querella para intentar involucrar a la conducción del club. Uno de ellos era un episodio de la década de 1980 vinculado a cañerías que, según el expediente, fueron remodeladas por completo en años posteriores. También se mencionaban incidentes previos en los que el área técnica había intervenido para resolver fallas de succión o para aplicar sanciones disciplinarias.
A eso se suman los peritajes técnicos encargados a la Universidad Nacional de Rosario (UNR), que no lograron acreditar que los directivos manejaran estándares distintos o ajenos a la normativa municipal vigente al momento de la habilitación del natatorio.
El foco se corre al personal operativo
Pese a esta resolución que exime de responsabilidad penal a la conducción directiva, la causa penal sigue su curso y avanza hacia el debate oral. La acusación se concentrará ahora en quienes tenían a cargo la supervisión presencial y el mantenimiento del predio: los guardavidas, los intendentes del country y la gerencia operativa.
La familia del niño, en tanto, evalúa apelar la decisión ante la Fiscalía General para intentar revertir el fallo. El desarchivo confirmado este viernes no cierra la investigación, pero redefine contra quiénes se dirigirá la acusación en la próxima etapa.
