La justicia falló contra las apps de delivery y lo que determinó cambia las reglas del juego

La Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires desestimó los recursos extraordinarios presentados por empresas de entrega y respaldó las sanciones dictadas por el Ministerio de Trabajo. Con esta resolución se confirmó que, en la mayoría de los casos analizados, los repartidores cumplen funciones que el tribunal consideró propias de una relación laboral.

¿Qué multas se impusieron?

Las inspecciones administrativas habían detectado falta de registración, incumplimientos salariales y omisiones en aportes previsionales, actos que motivaron multas contra plataformas como Rappi Argentina y Pedidos Ya. En la causa contra Rappi quedó firme una multa de más de 16 millones de pesos y la obligación de afrontar las costas del proceso.

¿Cómo definió la Corte el vínculo laboral?

El tribunal sostuvo que la existencia de una prestación activa genera la presunción de vínculo laboral y que, desde allí, la carga probatoria corre para las empresas. En su fallo, la Corte consideró que las plataformas no lograron desvirtuar esa presunción en la mayoría de los expedientes que involucraban a los repartidores.

La sentencia enfatizó además que la forma en que las partes denominen la relación no define su naturaleza jurídica. Lo que importa, explicó la Corte, son los hechos y los elementos fácticos que caracterizan un contrato de trabajo: subordinación, continuidad y contraprestación, aspectos que los tribunales inferiores estimaron acreditados.

¿Hubo excepciones en el fallo?

En el caso de Pedidos Ya la Corte confirmó el criterio general pero ordenó revisar ocho expedientes donde se discutía incluso la propia existencia de la prestación. Para esos casos se dispuso que un tribunal de grado vuelva a analizar la prueba de modo particularizado.

¿Qué significa este fallo para el futuro?

El fallo se inscribe en un debate mayor sobre el modelo laboral de las plataformas digitales. Las decisiones ponen el foco sobre la potestad fiscalizadora del ministerio provincial y sobre la obligación de las empresas de rendir pruebas convincentes cuando se cuestiona la relación de dependencia de sus trabajadores.