La Justicia Federal agrava el caso de la influencer tucumana: ¿qué más descubrieron en su contra?

La investigación por presunto contrabando contra la influencer Valentina Olguín tomó un giro decisivo con el agravamiento de su procesamiento y un embargo que se triplicó. El Juzgado Federal 2 de Tucumán incorporó nuevas pruebas que amplían el alcance de los hechos imputados, revelando una trama que ya no solo involucra al gobernador Osvaldo Jaldo.

La resolución judicial confirmó que Olguín mantendrá su situación de imputada sin prisión preventiva, pero enfrenta ahora una acusación más compleja. El tribunal decidió ampliar el procesamiento al incorporar a la causa los hechos que tienen como damnificados a otros mandatarios provinciales.

¿En qué consiste la nueva figura del delito?

La joven continúa imputada como presunta autora del delito de contrabando, tipificado en el artículo 864 inciso “e” de la Ley 22.415. La norma castiga a quien “simulare ante el servicio aduanero, total o parcialmente, una operación o una destinación aduanera de importación o de exportación, con la finalidad de obtener un beneficio económico”.

La decisión de agravar la causa se basó en el análisis de nuevos elementos probatorios, especialmente provenientes de dispositivos electrónicos incautados. Estas pruebas habrían revelado la comercialización de productos de diversas marcas ingresados bajo este método fraudulento.

El detalle de las operaciones descubiertas

Según los fundamentos del juzgado, se logró computar un total de quince nuevas operaciones, “todas ellas en concurso real”, que se suman a las observadas al inicio de la investigación. El desglose de las compras realizadas al exterior es contundente.

Se identificaron cinco compras a nombre del gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo; cuatro a nombre del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; cinco a nombre del gobernador de La Pampa, Sergio Raúl Ziliotto; y una compra a nombre del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

Un embargo que se triplicó

Uno de los puntos más impactantes de la resolución es la actualización de las medidas cautelares sobre el patrimonio de la acusada. El Juzgado Federal 2 dispuso elevar significativamente el monto del embargo preventivo que pesa sobre Olguín.

La medida económica, que originalmente estaba fijada en 5 millones de pesos, fue incrementada a la suma de 15 millones de pesos. Este aumento refleja la gravedad de los nuevos hechos incorporados a la causa y la posibilidad de una condena más severa.

Este proceso judicial tiene sus antecedentes en mayo de 2025, cuando Olguín había sido procesada por el juez federal José Manuel Díaz Vélez por “contrabando simulado”. Posteriormente, el fiscal federal Agustín Chit solicitó la recalificación de los hechos, impulsando la figura de “contrabando simulado en concurso real”, que contempla penas de mayor entidad.

La causa continúa su curso en los tribunales federales tucumanos, a la espera de nuevas definiciones sobre el futuro legal de la influencer, cuyo caso se ha convertido en uno de los más resonantes en materia de presuntos delitos aduaneros en la provincia.