La disputa por quién investiga las presuntas irregularidades del Acueducto Gran Tulum sumó un nuevo capítulo: la Justicia Federal volvió a reclamarle a San Juan que informe qué se está investigando y en qué etapa está la causa. La respuesta de la jueza Lucero podría definir el futuro del expediente.
El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 1 de Buenos Aires volvió a reclamarle a la jueza sanjuanina María Mónica Lucero que precise el objeto procesal y el estado actual de la causa por el Acueducto Gran Tulum, que tramita en la UFI de Delitos Especiales de San Juan. El pedido quedó formalizado el viernes 6 de noviembre mediante un oficio dirigido a la magistrada provincial.
El documento se enmarca en el expediente federal CFP 5004/2026 y requiere que Lucero certifique la situación de la causa provincial MPF-SJ.33347/2025, caratulada "Actuaciones por denuncia en perjuicio de la Administración Pública". La Justicia Federal busca conocer con precisión qué hechos se investigan, cuál es el alcance de la pesquisa y en qué instancia se encuentra el expediente.
Un pedido que se repite
No es la primera vez que el juzgado porteño solicita esta información. El propio oficio utiliza la expresión "reiterarle", lo que confirma que ya había requerido esos datos y ahora insiste para obtenerlos a la brevedad. El origen de la avanzada federal fue el pedido del expresidente de OSDE, Fabián Ruiz, para que la causa del Acueducto pase a la Justicia Federal. En su momento, el fiscal provincial Sebastián Gómez se había negado a brindar la información.
Qué es la inhibitoria y por qué importa
El requerimiento se produce en el marco de un planteo de inhibitoria, el mecanismo procesal por el cual un juez le pide a otro que se aparte de una causa al considerar que no tiene competencia para intervenir. En este caso, el expediente federal busca avanzar en la discusión sobre qué fuero debe llevar la investigación, y para eso necesita conocer formalmente el objeto y el estado de las actuaciones provinciales.
El expediente federal ingresó el 9 de octubre y tuvo una primera intervención de Daniel Rafecas, quien subrogaba el Juzgado Federal N.º 1. Rafecas le dio curso inicial al planteo el 13 de octubre y solicitó informes a la Justicia sanjuanina. El nuevo oficio, fechado el 6 de noviembre, lleva las firmas digitales de María Romilda Servini y Agustín Juan Miragaya.
Sin definición por ahora
Por el momento, el documento no resuelve la cuestión de competencia ni implica que la investigación haya pasado a la órbita federal. La respuesta de la jueza Lucero será clave para que el juzgado pueda avanzar en el trámite de la inhibitoria y determinar cómo seguirá la disputa entre ambos fueros por las presuntas irregularidades vinculadas con el Acueducto Gran Tulum.
