La Justicia Federal cambia de sistema en Misiones: cuánto puede tardar una causa ahora

El nuevo sistema acusatorio federal ya se puso en marcha en Misiones y promete acelerar los tiempos de la Justicia. La primera audiencia se realizó en el Juzgado Federal de Oberá y, según estimó el juez Alejandro Gallandat Luzuriaga, una causa podría resolverse en unos seis meses si llega a juicio.

El modelo, que arrancó en la provincia el 24 de agosto, dejó atrás la lógica del expediente para dar paso a un proceso basado en audiencias orales y sucesivas. El estreno en Oberá correspondió a una causa vinculada con la Ley de Estupefacientes, en la que había una persona detenida y otras dos imputadas por una presunta participación de menor grado.

Qué pasó en la primera audiencia

La audiencia fue de formalización de la investigación penal preparatoria. Participaron la Fiscalía, la Defensa, las tres personas imputadas y el juez de garantías. Una de ellas, que estaba detenida, lo hizo de manera presencial, mientras que las otras dos se conectaron de forma virtual.

También intervino por primera vez la Oficina Judicial, el organismo que se encarga de organizar la agenda y los aspectos administrativos de las audiencias. Gallandat aseguró que el procedimiento se desarrolló sin inconvenientes y que la preparación previa permitió activar el nuevo esquema.

Un cambio de raíz

El magistrado explicó que uno de los cambios principales es la eliminación del expediente como eje del proceso. Ahora las causas avanzan con audiencias en las que las partes presentan sus argumentos y controvierten las posiciones de la contraparte cara a cara con el juez.

Eso, dijo, permite una mayor inmediación entre el juez, los imputados, las víctimas y los demás actores, además de decisiones en un lenguaje más accesible.

La celeridad es otro punto central. En el caso de la audiencia de Oberá, la investigación debería cerrar su etapa inicial el 1 de diciembre, unos 80 días corridos. Si la causa llegara a juicio, la sentencia podría llegar en alrededor de seis meses.

El contraste con el régimen anterior es fuerte: la elevación a juicio podía tardar entre seis meses y un año, y el debate se podía extender otro año o incluso dos.

Los problemas que ya se ven

Pero no todo es color de rosa. Gallandat advirtió sobre dos problemas concretos: la falta de lugares de alojamiento para detenidos y la escasez de tobilleras electrónicas.

En el ámbito federal, Misiones solo cuenta con la Unidad 17 de Candelaria, destinada a varones. Para otros casos hay que recurrir a establecimientos provinciales o pedir cupos en Chaco, Salta o incluso en la provincia de Buenos Aires, como Ezeiza. Eso complica el vínculo de los detenidos con sus familias.

“Hay esperas de hasta seis meses para conseguir tobillera electrónica”, señaló el juez, y remarcó que mantener a una persona privada de la libertad durante ese tiempo por un tema tecnológico obliga a buscar otras alternativas. En algunas localidades de Misiones, además, la falta de señal telefónica complica el monitoreo.

La frontera y el riesgo de fuga

La ubicación geográfica de Misiones, que limita con Paraguay y Brasil, también pesa en las decisiones. Gallandat reconoció que hay que tenerla en cuenta al analizar una prisión domiciliaria o una libertad, aunque aclaró que las fugas no son habituales.

En causas con penas elevadas se pueden adoptar medidas más restrictivas; en otras, alcanza con controles periódicos, retención de documentación o cauciones reales.

Los delitos que dominan la zona

El juez también contó qué tipo de causas son las más comunes en el Juzgado Federal de Oberá. Cerca del 40% están vinculadas con el narcotráfico y una proporción similar con contrabando o encubrimiento. El resto incluye trata de personas, falsificación de documentos y cortes de rutas nacionales.

Para Gallandat, Misiones necesita una política específica de fortalecimiento de recursos para la Justicia y la seguridad, por su condición de provincia fronteriza.

El debate por el régimen penal juvenil

Consultado por la suspensión del nuevo régimen penal juvenil en la provincia de Buenos Aires, el juez dijo que la medida alcanzaba solo a esa jurisdicción. Explicó que la nueva normativa permite la punibilidad desde los 14 años, mientras que la anterior la fijaba en 16 para ciertos delitos.

De todos modos, insistió en que el encierro debe ser la última alternativa y advirtió que las provincias todavía no tienen estructuras suficientes para alojar a adolescentes.

La implementación del sistema acusatorio en Misiones, mientras tanto, avanza de manera progresiva. La primera audiencia en Oberá marcó el inicio de un esquema donde la investigación queda en manos del Ministerio Público Fiscal y el juez actúa como garante de los derechos.