La Justicia Federal de Tucumán cierra una polémica interna: el juez que sigue una causa por “tráfico de influencias”

Un fallo clave pone fin a una batalla procesal y deja al descubierto las tensiones dentro del Poder Judicial tucumano. La Cámara Federal de Apelaciones rechazó un planteo de nulidad y confirmó al juez federal José Manuel Díaz Vélez al frente de la investigación contra el abogado Luis Alejandro Ontiveros, acusado de armar un esquema para influir en fallos a cambio de dinero.

¿Por qué cuestionaban al juez?

La defensa del imputado, a cargo del letrado Miguel Ángel Pierri, había objetado la forma en que Díaz Vélez fue designado como juez subrogante. Argumentaban que no se respetó el mecanismo legal de sorteo entre magistrados disponibles. Sin embargo, el tribunal integrado por los camaristas Ana Carina Farías, Jorge Basbús y Enrique Lilljedahl (en un tribunal *ad hoc*) consideró que no hubo irregularidades que invalidaran el acto.

Los jueces remarcaron que las nulidades son excepcionales y requieren un perjuicio concreto o la vulneración de garantías, algo que, según su visión, no ocurrió en este caso.

El rompecabezas de las excusaciones

El fallo reconstruye el complejo escenario que derivó en la designación de Díaz Vélez. Todo comenzó cuando el juez titular, Guillermo Díaz Martínez, se inhibió de la causa el 30 de octubre de 2025. La situación se complicó aún más porque el magistrado designado para subrogar, Miguel Ángel Contreras, también se excusó.

Ante esta falta de jueces disponibles, la Cámara determinó que, desde el 20 de noviembre de ese año, Díaz Vélez era el único juez con competencia y condiciones legales para tomar el expediente. Por ello, el tribunal sostuvo que la designación “sólo podía tener el resultado que tuvo”, minimizando las demoras administrativas señaladas por la defensa.

La denuncia que desató la investigación

El origen de esta causa se remonta a la denuncia de Mario Alberto Martínez Salazar Pérez. Este afirmó que el abogado Luis Alejandro Ontiveros le habría ofrecido interceder para conseguir un fallo favorable en la justicia federal, a cambio de una suma que oscilaría entre los 80.000 y 100.000 dólares.

A partir de este relato, la hipótesis judicial apunta a un posible mecanismo de intermediación ilícita dentro del ámbito judicial tucumano. La pesquisa analiza vínculos personales y profesionales del imputado con integrantes de la justicia, así como registros de comunicaciones que podrían dar sustento a la acusación.

Próximos pasos en una causa de alto voltaje

Con la discusión sobre la competencia judicial ya saldada, el foco vuelve a la producción de pruebas. Una de las primeras decisiones que deberá tomar el juez Díaz Vélez es resolver la recusación planteada contra el fiscal federal N°2, Agustín Chit.

Posteriormente, el avance de la investigación podría derivar en la convocatoria a indagatoria del propio Luis Alejandro Ontiveros. Mientras tanto, la defensa sufrió un cambio: el abogado Camilo Atim presentó su renuncia por motivos personales, por lo que Miguel Ángel Pierri continuará al frente de la representación con su propio equipo.

Así, el expediente retoma su curso en medio de un escenario de fuerte impacto institucional, donde lo que se investiga trasciende un hecho puntual y pone bajo la lupa la posible existencia de prácticas que cuestionarían la integridad del sistema judicial federal en la provincia.