La Justicia frena la elección en la UNT y el futuro del rectorado queda en vilo

La elección de autoridades en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) está sumergida en un mar de incertidumbre, con decisiones judiciales cruzadas y un proceso electoral que, por primera vez en décadas, quedó en suspenso. La medida cautelar que suspendió provisoriamente una de las fórmulas oficializadas mantiene paralizada la Asamblea Universitaria, que debía definir al nuevo rector.

El conflicto se profundizó tras el fallo del Juzgado Federal N°2, que rechazó un planteo de la fórmula opositora integrada por Miguel Cabrera y Virginia Abdala, quienes buscaban impedir la candidatura del actual rector, Sergio Pagani. El juez Guillermo Díaz Martínez consideró que la vía elegida no era la adecuada, aunque la resolución fue apelada, por lo que el conflicto continúa abierto.

¿Qué dice la Junta Electoral?

El presidente de la Junta Electoral de la UNT, Fernando Valdez, advirtió que el proceso sigue condicionado por la cautelar vigente. “El proceso electoral fue aplazado por una decisión judicial de no innovar que suspendió provisoriamente a una de las fórmulas. Esa cautelar sigue vigente porque la cuestión de fondo aún no fue resuelta”, afirmó.

Valdez detalló que actualmente hay dos fórmulas oficializadas -entre ellas la de Pagani- y que la medida judicial no implica una inhabilitación definitiva, sino una suspensión transitoria hasta que la Justicia se expida. Además, descartó la posibilidad de una proclamación automática de la fórmula opositora: “No corresponde una proclamación automática. Hay dos fórmulas oficializadas y la discusión judicial está centrada en uno de los integrantes de una de ellas”.

¿Qué pasa si Pagani queda inhabilitado?

Incluso si la Justicia fallara en contra de Pagani, el proceso no se cerraría de manera directa. Valdez explicó que las fórmulas son binominales y que, ante una resolución adversa sobre uno de los candidatos, la fórmula podría recomponerse. “Los plazos para hacerlo no están vencidos”, señaló, comparando la situación con antecedentes recientes en la política provincial donde se permitió reconfigurar candidaturas.

Los tiempos judiciales

La resolución de fondo depende de la Cámara Federal, sin un plazo definido. La cautelar tiene una vigencia de tres meses desde su dictado, el 15 de mayo. “Si no hay una resolución antes, la definición podría trasladarse al segundo semestre”, indicó Valdez. Mientras tanto, la universidad continúa sin autoridades electas y bajo un esquema transitorio. En caso de acefalía, la conducción recae en un vicerrector subrogante designado dentro del Consejo Superior.

Un hecho inédito

Más allá de las disputas técnicas, el dato que sobresale es el carácter excepcional del momento institucional. “Planteos judiciales siempre hubo, pero nunca una suspensión de la Asamblea Universitaria. Desde 1986, cuando participé por primera vez, jamás se había dado una situación así. Esto es realmente inédito”, remarcó Valdez. La Asamblea Universitaria quedó postergada sin fecha cierta, a la espera de una resolución judicial que ordene el escenario.