La Justicia frena la privatización de Aysa y ahora define la federal

La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Sala II de La Plata suspendió la privatización de Aguas y Saneamientos Argentinos (Aysa), al advertir que el traspaso a manos privadas implicaría una "disminución de los estándares" sanitarios y ambientales. La decisión, que frenó el avance de la ley Bases, deja la resolución de fondo en manos de la Justicia Federal.

El tribunal hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Defensoría del Pueblo bonaerense, que actúa en representación de los vecinos de 26 municipios donde la empresa estatal presta el servicio de agua potable. Los jueces Pablo Muñoz, Gerónimo Arias y María Ventura Martínez firmaron el fallo que pone en pausa la venta del 90% de la compañía.

El argumento del tribunal

En la resolución, los magistrados señalaron que la acción se origina en "un proceso progresivo, sistemático y verificable de alteración de las condiciones de prestación del servicio público esencial de agua potable y saneamiento" a cargo de Aysa. Además, sostuvieron que la evolución normativa y contractual "evidenciaría una clara disminución de los estándares de protección ambiental, sanitaria y consumeril" que estaban vigentes para los habitantes de la provincia.

El defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, había impulsado la presentación judicial cuestionando los capítulos II y III de la ley Bases y sus modificatorias, que habilitaban la privatización del 90% de la empresa estatal de provisión de agua.

Qué pasa ahora con la causa

A pesar del freno, el fallo confirmó "la declaración de incompetencia apelada" y remitió las actuaciones al Juzgado en lo Contencioso Administrativo n°2 de La Plata, para que luego sean enviadas a la Cámara Federal de La Plata y se sortee el juzgado que intervendrá. Así, la cuestión de fondo quedará en manos de la justicia federal.

El tribunal remarcó que "el reconocimiento de la dimensión ambiental del conflicto no resulta incompatible con la eventual determinación de la competencia federal", en referencia a que las provincias tienen, por la Constitución nacional, la tutela y el control del recurso hídrico.

"La cuestión debatida supone esencialmente un reclamo dirigido contra la aplicación del marco regulatorio para la concesión de los servicios de provisión de agua potable y desagües cloacales otorgados por Aysa S.A", cerró el fallo.