La Justicia frenó el fallo contra el decreto de Milei, pero hay una orden que sigue firme

El juez Diego Martín Cormick aceptó la apelación del Gobierno y dejó en suspenso su propia sentencia que declaraba inconstitucional el decreto 759/2025 sobre financiamiento universitario. Pero el alivio para el Ejecutivo es parcial: la orden de pagar sigue vigente.

El escrito con el que el oficialismo intentó revertir el fallo tiene 42 páginas y fue firmado por representantes del Ministerio de Capital Humano y la Procuración del Tesoro. Allí el Gobierno insiste en que el Congreso debe precisar de dónde saldrá la plata para sostener el aumento del gasto público.

Qué sigue vigente y qué no

La apelación fue aceptada, por lo que la declaración de inconstitucionalidad del decreto quedó congelada. Sin embargo, la medida cautelar que el mismo juez había dictado continúa en pie y obliga al Estado a recomponer los salarios docentes y no docentes, actualizar las becas estudiantiles y girar los fondos de funcionamiento a las universidades.

Cormick comunicó a las partes que el trámite de ejecución de cumplimiento sobre esas obligaciones de pago seguirá adelante.

El fallo que originó todo

El recurso apunta contra la sentencia del 6 de octubre, que había hecho lugar al amparo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y de los rectores de universidades públicas. Ese fallo declaró inconstitucional el decreto 759/2025 y ordenó al Poder Ejecutivo cumplir "de inmediato" la ley de financiamiento, con las normas reglamentarias correspondientes.

El Gobierno sostiene que el decreto no "condicionó" ni "suspendió" la vigencia de la ley, sino que esta quedó supeditada a lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley N° 24.629. Esa norma establece que "toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos".

En su apelación, el Ejecutivo repasó los artículos de la ley aprobada por el Congreso en octubre del año pasado. Mencionó que los artículos 3 y 4 aluden a una "recomposición presupuestaria" del ejercicio 2024 y a una "actualización presupuestaria bimestral" de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas para 2025. También señaló que el artículo 7 prevé una partida especial para la carrera de Investigador Científico y que el noveno indica que el Poder Ejecutivo adecuará partidas.

Un conflicto con varios rounds en Tribunales

No es la primera vez que el oficialismo sale a defender el decreto en la Justicia. En diciembre del año pasado, el juzgado de Cormick había resuelto "inaplicar" la norma. El Gobierno cuestionó esa decisión y la Cámara intervino: en marzo de este año mantuvo lo resuelto en primera instancia.

Ante ese escenario, el Ejecutivo presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, que el máximo tribunal desestimó. Así se llegó al fallo del 6 de octubre que ordena cumplir la ley de financiamiento universitario, ahora apelado por el oficialismo.

El recorrido judicial se suma a un historial que incluye debates en el Congreso y movilizaciones callejeras, entre ellas las clases abiertas frente al Palacio de Tribunales y las marchas federales por la educación pública.