La justicia frenó el intento de mover la causa de la mansión de Pilar a Campana: ¿qué pasará ahora?

La causa que rodea a la AFA por la compra de una imponente propiedad en Pilar, con helipuerto y un galpón repleto de 54 vehículos de alta gama, vive un momento clave. La fiscalía rechazó el pedido de los acusados de ser testaferros de Pablo Toviggini para trasladar el expediente a Campana, y ahora la decisión quedó en manos de la Cámara de Casación.

El fiscal Mario Villar presentó su dictamen ante la Cámara, donde solicitó que se desestime el recurso de casación interpuesto por la defensa de Luciano Nicolás Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, dueños de la firma Real Central SRL, titular del inmueble. El fiscal pide que se confirme que la causa continúe en el fuero Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires, específicamente en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°10.

¿Por qué la defensa quiere llevar la causa a Campana?

Los abogados de Pantano y Conte argumentan que la competencia territorial debería corresponder a Campana, por ser el lugar donde se encuentra la propiedad investigada. Sostienen que la instrucción del caso se fue “reformulando” para retener artificialmente la causa en la Ciudad, lo que vulneraría la garantía del juez natural. Incluso acusaron a los denunciantes –Elisa Carrió, Facundo Del Gaiso y Matías Yofe– de haber incurrido en “forum shopping”, es decir, elegir deliberadamente el fuero más favorable.

¿Qué respondió el fiscal Villar?

El fiscal desestimó cada uno de los planteos. Aseguró que la investigación no se limita a la compra del inmueble en Pilar, sino que apunta a una maniobra de lavado de activos a mayor escala, con sociedades y movimientos financieros centrados en Buenos Aires. Señaló que Real Central SRL tiene su sede social en Paraná 861, que la escritura se firmó en un domicilio porteño y que la AFA, entidad en el centro de la sospecha, tiene su sede en Viamonte al 1300.

También mencionó el circuito por el cual se habría desviado dinero de la AFA: financieras en la avenida Corrientes, un estudio jurídico en Lavalle vinculado a Juan Pablo Beacon, facturación de Recomi SA y un domicilio en Montevideo y Quintana donde se habría entregado efectivo. Incluso recordó un robo denunciado en la zona de Parera y Quintana, en Recoleta, durante uno de esos traslados.

En cuanto a la acusación de “forum shopping”, Villar la calificó de improcedente, aclarando que es un concepto del derecho internacional privado, ajeno al proceso penal argentino. Además, sostuvo que fue el propio Juzgado Federal de Campana el que insistió en querer retener causas vinculadas a la AFA, mediante pedidos de inhibitoria, incluso después de haber remitido el expediente principal.

El fiscal citó textualmente: “Está claro que el Juez a cargo del Juzgado de Campana ha manifestado objetivamente, a través del mecanismo procesal de la inhibitoria, ejercido por las defensas, un accionar por inhibir toda otra jurisdicción en que se pretenda investigar cualquier caso que implique a la AFA”. Y concluyó: “considero que en el caso bajo análisis no corresponde que se inhiba la investigación ante el Fuero en lo Penal Económico de esta Ciudad, siendo éste el competente para llevarla adelante”.

Ahora, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal deberá decidir si confirma la resolución que mantiene el expediente en el Juzgado Penal Económico N°10 o si hace lugar al recurso de la defensa. La definición llega en medio de otros frentes abiertos para el entorno de Toviggino, incluyendo una causa en Estados Unidos por movimientos financieros vinculados a la AFA, a la que Pantano quedó ligado tras un viaje a ese país a fines de junio.