La Justicia frenó la baja de imputabilidad en Buenos Aires y el oficialismo apunta contra Kicillof

La decisión de la Justicia de suspender por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires encendió este lunes una nueva disputa entre el Gobierno nacional y el gobernador Axel Kicillof. El fallo, que impide por ahora que la ley que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad rija en el distrito, generó duras críticas desde el oficialismo hacia la gestión bonaerense y hacia la magistrada que dictó la medida.

Críticas cruzadas contra el gobernador

Diego Santilli, Patricia Bullrich y Luis Petri coincidieron en responsabilizar a Kicillof por el impacto del fallo y sostuvieron que la medida favorece a quienes cometen delitos. “En la provincia de Buenos Aires tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad”, escribió Bullrich en su cuenta de X.

Santilli, por su parte, criticó que el mandatario provincial aún no se haya expresado sobre la suspensión. “Aturde el silencio de Kicillof ante la suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil. En la provincia, si un delincuente de 14 años te mata para robarte, queda impune”, sostuvo. Y cerró con una acusación que replicó el tono de Bullrich: “Una vez más, el gobernador del lado del delincuente, nunca de la víctima”.

Petri también cargó contra la jueza que frenó la reforma. “El nuevo Régimen Penal Juvenil duró dos días en la provincia de Buenos Aires porque una jueza kirchnerista hoy ya decidió suspenderlo”, escribió, y defendió la ley aprobada por el Congreso: “Aprobamos esta ley para terminar con la impunidad de quienes delinquen siendo menores; no hay excusa para no aplicarla”.

El ministro de Defensa puso el foco en las víctimas y apuntó tanto contra Kicillof como contra el Poder Judicial provincial. “Las víctimas no pueden seguir pagando la improvisación y el abandono de Kicillof y la Justicia provincial. Hagan cumplir la ley”, reclamó.

El origen de la ley y el argumento de la jueza

La reforma tuvo como antecedente el proyecto que Patricia Bullrich, cuando estaba al frente del Ministerio de Seguridad, y el entonces ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona enviaron al Congreso. La iniciativa sufrió modificaciones durante el debate legislativo antes de convertirse en la Ley 27.801, que entró en vigencia a nivel nacional el sábado pasado y fue reglamentada este lunes por el Gobierno. El nuevo régimen reemplaza al sistema que regía desde 1980.

La jueza Marta Elba Pascual hizo lugar a un hábeas corpus preventivo y colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en representación de adolescentes privados de libertad. La magistrada sostuvo que debe determinarse si existen “las condiciones edilicias, institucionales y profesionales indispensables para albergar a esta población bajo los estándares que exigen los derechos humanos de la niñez” y advirtió que la nueva legislación podría aumentar la cantidad de menores detenidos y su permanencia en los centros de alojamiento.

Pascual convocó a una audiencia para el 16 de septiembre, en la que funcionarios bonaerenses deberán explicar qué medidas adoptaron para implementar el nuevo régimen y qué acciones tienen previstas. Hasta entonces, la aplicación de la ley seguirá suspendida en la provincia.