La Justicia frenó la licitación de comedores: qué pasa ahora con la entrega de alimentos

La decisión del vocal Juan Francisco Malvasio, que suspendió la licitación de los comedores escolares, sigue en pie. El Gobierno apeló, pero la medida cautelar se mantiene y ahora la palabra la tiene el Superior Tribunal de Justicia (STJ).

El conflicto comenzó cuando un grupo de padres, Agmer y la Fundación Cauce presentaron un amparo colectivo contra la adjudicación a Teknofood SA. El miércoles 5 de agosto, Malvasio dictó la cautelar que frenó todo. El Ejecutivo apeló ese mismo día, pero la medida no se cayó.

La apelación llegó al STJ, donde los vocales ya están definidos: Claudia Mizawak, Susana Medina, Leonardo Portela, Gisela Schumacher, Daniel Carubia, Carlos Tepsich, Miguel Giorgio, Laura Soage y Germán Carlomagno. Los cinco primeros son los que definen. Uno de ellos le dijo a Entre Ríos Ahora que la resolución estaría lista entre lunes o martes. Mientras tanto, el juez Malvasio todavía no se expidió sobre el fondo del amparo.

¿Qué dijo la Procuración?

El procurador general, Jorge Amílcar Luciano García, ya opinó: la cautelar debe mantenerse. En su dictamen, sostuvo que la apelación del Gobierno es inadmisible y que revocar la medida sería irrazonable, porque dejaría sin tutela judicial urgente a quienes la necesitan.

El origen de todo es la Licitación Pública N° 02/26, con modalidad de Orden de Compra Abierta. El Gobierno adjudicó a Teknofood SA la provisión de insumos para desayunos y meriendas, con un sistema centralizado. Ya no se girarían fondos a los directores, sino que la empresa distribuiría directamente. La idea oficial es ajustar la provisión a la matrícula real y evitar compras excesivas.

El decreto de adjudicación N° 1.983/2026 fijó un importe total de $101.726.784.000 para los ciclos 2026 y 2027. El llamado original estimaba $42.669.617.445. El precio unitario por ración es de $1.600, lo que da unas 63.579.240 raciones máximas.

La postura del Gobierno

Lautaro Azzalini, director de Comedores, dijo que el Gobierno avanzará con los cambios salga bien o mal el pleito. “Entendemos que este sistema no es justo porque no logramos, por lo menos en los desayunos y las meriendas de las escuelas, lograr algo homogéneo que nos satisfaga y, sobre todo, que garantice calidad a los chicos”, explicó. También reconoció que el sistema actual permite irregularidades.

Consultado sobre si la provincia afrontará costos por la demora, Azzalini respondió: “Entiendo que sí. Y entiendo que pueden hacer un reclamo porque ya alquilaron un galpón y han contratado personas para brindar un servicio que no se da”.