La Justicia fue por las cámaras del aeropuerto de Iguazú: qué busca encontrar sobre la salida de Flávio Bolsonaro

La jueza federal María Eugenia Capuchetti tomó cartas en el asunto y ordenó una batería de medidas para reconstruir, minuto a minuto, cómo fue el paso de Flávio Bolsonaro por territorio argentino. La primera y más urgente: resguardar todo el material fílmico del aeropuerto internacional de Puerto Iguazú.

La decisión llegó a pedido de la fiscal federal Paloma Ochoa, que busca determinar si hubo delitos en el ingreso y la posterior salida del dirigente brasileño, quien sobre él pesaban restricciones dispuestas por la Justicia de su país.

Las cámaras, el primer eslabón

La orden de Capuchetti alcanza a las cámaras de seguridad del aeropuerto, a las inmediaciones y también a la pista de despegue y aterrizaje. El objetivo es evitar que se pierda cualquier registro que pueda resultar clave para esclarecer las circunstancias del viaje.

En paralelo, la magistrada requirió informes a la Cancillería y a la Dirección Nacional de Migraciones. Esos datos oficiales permitirán conocer con precisión los movimientos fronterizos y si existieron gestiones diplomáticas o administrativas vinculadas al caso.

Qué se investiga puntualmente

Las medidas apuntan a establecer si hubo intervención de funcionarios argentinos para facilitar la salida de Flávio Bolsonaro y, en caso de haber existido, si esa intervención respondió a un requerimiento formal. También se busca determinar si se omitió informar sobre antecedentes penales, condenas o requerimientos judiciales que pesaban sobre el dirigente brasileño, lo que podría constituir una violación a la ley migratoria.

La causa se originó en los tribunales federales de Comodoro Py a partir de dos denuncias. Una fue presentada por el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano y quedó radicada en el juzgado de Capuchetti. La otra la impulsó el diputado nacional Esteban Paulón y se anexó al mismo expediente.

Las sospechas sobre el Gobierno

Ambas presentaciones plantearon interrogantes sobre el rol que pudieron haber tenido integrantes del Gobierno nacional en la salida del dirigente brasileño. Puntualmente, se busca esclarecer si existieron gestiones o decisiones de funcionarios que facilitaran el traslado y si se omitieron controles que correspondían.

Entre los funcionarios mencionados en las denuncias aparecen el presidente Javier Milei, el asesor Santiago Caputo, el canciller Pablo Quirno y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Las denuncias coinciden en que la Justicia debe determinar si hubo coordinación entre distintas áreas del Estado argentino para permitir que Bolsonaro cruzara la frontera, abordara un avión privado y continuara su viaje hacia Estados Unidos. También se busca establecer si las autoridades argentinas conocían las restricciones judiciales que pesaban sobre él y, en ese caso, si omitieron actuar o colaboraron deliberadamente para facilitar su salida.

La versión oficial

Desde el Gobierno argentino se informó que Bolsonaro y su familia ingresaron con documentación de viaje válida y sin impedimentos legales registrados en los sistemas migratorios nacionales. Esa versión será ahora contrastada con los registros fílmicos y los informes que ordered la jueza.

Las medidas dispuestas por Capuchetti son pasos preliminares para reunir documentación y registros antes de avanzar en la determinación de los hechos. El objetivo final será establecer qué ocurrió, quiénes intervinieron y si existió alguna actuación irregular de funcionarios argentinos en torno al ingreso y la salida de Flávio Bolsonaro del país.