La Justicia intimó a medio centenar de personas por las obras en la reserva que da agua a Salta

La Justicia salteña cursó decenas de notificaciones contra quienes construyeron dentro de la Reserva de Finca Las Costas pese a una prohibición judicial que rige desde hace cinco años. El objetivo no es menor: esa cuenca de unas 11.000 hectáreas, al oeste de la ciudad de Salta, abastece de agua potable a entre el 30 y el 40% de la población del área metropolitana.

El dato surge del Plan de Seguridad del Agua elaborado en 2012 por investigadores del Inenco, la Universidad Nacional de Salta (UNSa) y el Conicet, junto con el Plan de Manejo de la Zona Baja de 2011. Esa función hídrica fue el motivo por el cual la Provincia la declaró Reserva Intangible en 1995, mediante el decreto 2327, un marco que se amplió en 1998 (decreto 488) y se completó en 2007 (decreto 3741).

El amparo que busca frenar el avance

En 2020 la Provincia presentó una acción de amparo ambiental ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Décima Nominación, caratulada con el expediente 718.742/2020. La presentación apunta a resguardar la Reserva de las construcciones no autorizadas, los asentamientos irregulares y las actividades incompatibles con su condición de área protegida.

En diciembre de ese año, la jueza María Guadalupe Villagrán dictó una medida cautelar de no innovar con dos mandas concretas: suspender todas las obras en ejecución o por ejecutarse dentro de la Reserva y prohibir el ingreso de ganado. La orden sigue vigente hasta hoy, pero en los últimos cinco años se levantaron edificaciones irregulares, entró hacienda y se extrajeron áridos de uno de los cursos del área protegida.

La fundamentación de la cautelar puso el foco en la falta de red cloacal y en el alto riesgo de contaminación del acuífero subterráneo por la permeabilidad del suelo. El Ministerio Público Fiscal revalidó su plena vigencia en marzo último.

Intimaciones, causas penales y una condena

El Juzgado del amparo intimó semanas atrás a quienes desobedecieron la cautelar a restablecer las cosas a su estado anterior en un plazo de 25 días. Las notificaciones por incumplimientos superarían el medio centenar.

En 2023 el Ministerio Público Fiscal abrió investigaciones penales por construcciones levantadas pese a la orden de suspensión, con imputaciones provisionales por desobediencia judicial. En 2024 se sumó una causa por ofrecimiento y transferencia de lotes de la Reserva, que terminó con una condena por estelionato, la figura que castiga la estafa vinculada a la venta ilegal de parcelas dentro del área protegida.

Un informe incorporado al expediente con imágenes satelitales y fotografías detectó 24 puntos de cambio entre diciembre de 2020 y 2025: uno de extracción de áridos, dos agropecuarios y 21 nuevas construcciones. La resolución dispuso vigilancia con guardaparques y la administración de Finca Las Costas, además de medidas de seguridad con consigna policial y rondas periódicas.

«No tiene dueños particulares»

El abogado Nicolás Zenteno Núñez, presidente del Comité de Gestión de la Reserva, sostuvo que el mensaje jurídico de los tres decretos «es claro y no ha cambiado: Finca Las Costas es de la Provincia de Salta, pertenece al dominio público y está afectada a la provisión de agua para todos los salteños».

El letrado recordó que el artículo 237 del Código Civil y Comercial establece que los bienes públicos del Estado son inenajenables, inembargables e imprescriptibles. Por ese encuadre, una compraventa entre particulares no transmite el dominio público ni legitima por sí sola la apropiación del suelo. «El uso y goce de los bienes públicos está sujeto a las disposiciones generales y locales que regulan su destino», subrayó.

Zenteno Núñez insistió en que cuidar la cuenca es una obligación estatal y no una tarea de unos pocos funcionarios o de una comunidad en particular: «Tanto el suelo, el agua y los bosques pertenecen a toda la comunidad salteña, por lo que la conservación de la cuenca debe prevalecer sobre cualquier uso o intento de apropiación particular». También destacó que la ley 7.107 declara de interés público la conservación de las áreas protegidas y las incorpora al patrimonio provincial.

Quiénes pueden estar y quiénes no

La figura de Reserva Natural de Uso Múltiple, vigente desde 2007 sobre parte de la superficie, no convierte al territorio en un espacio libre de ocupación humana, pero exige que toda persona dentro del área cuente con un título legítimo reconocido por la Provincia, según la ley 7107. En las zonas núcleo, esa norma prohíbe expresamente asentamientos humanos y la construcción de viviendas, edificios o infraestructura, salvo las mínimas necesarias para la administración y el manejo.

El titular del Comité distinguió entre quienes tienen un instrumento estatal vigente y quienes ocupan de hecho, y entre la ocupación y la facultad de construir. «Aun cuando exista un título de uso, una obra nueva puede requerir autorizaciones ambientales, administrativas y municipales específicas», acotó.

Respecto de los planteos de usucapión que informó el Ministerio Público Fiscal, Zenteno Núñez fue categórico: «El tiempo de permanencia no genera propiedad sobre un bien público». Y agregó: «Finca Las Costas no tiene dueños particulares; tiene custodios temporales con contratos o autorizaciones del Estado. El suelo, el agua y los bosques son y seguirán siendo de todos los salteños».

La disputa con la Comunidad Lule y el comodato al Tigre Rugby Club

El nombre de la Comunidad Lule «aparece con frecuencia como argumento para justificar ocupaciones irregulares o para frenar las acciones del Estado», señaló Zenteno Núñez. David Torres, referente de esa comunidad, denunció días atrás durante una manifestación que más de 20 familias fueron intimadas por la medida de no innovar y calificó los apercibimientos como vulneratorios del «derecho ancestral Lule». En contraste, cuestionó que en julio último se autorizara por ley 8.543 un comodato al Tigre Rugby Club por 25 años sobre cerca de 9 hectáreas en Finca Las Costas.

El rol de San Lorenzo y el control de la luz

Zenteno Núñez reconoció el trabajo de la Municipalidad de San Lorenzo, que recolecta residuos en los accesos y sectores periféricos de la Reserva sin recibir compensación específica por un servicio en jurisdicción provincial. «Lo hace porque sus agentes reconocen que la acumulación de residuos en las proximidades de una cuenca hídrica protegida es un riesgo sanitario para toda el área la ciudad de Salta», manifestó.

El Comité presentó además ante el Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta (Enresp) una propuesta para regular el otorgamiento de suministros eléctricos de Edesa dentro de la Reserva, de modo que nadie pueda obtener un medidor solo con un certificado de domicilio. «En una zona ordinaria, el certificado de domicilio es suficiente para solicitar el suministro. Pero Finca Las Costas no es una zona ordinaria», insistió.

El funcionario aclaró que la conexión eléctrica no constituye un título dominial ni una autorización ambiental o de obra, y que la medida «no busca dejar sin electricidad a nadie de manera automática ni arbitraria»: el pedido distingue entre quienes tienen un derecho legítimo, quienes pueden regularizar su situación y quienes no tienen ningún instrumento válido.

El Comité aguarda completar un relevamiento de pobladores para presentarlo a la Justicia junto con nuevos antecedentes técnicos, entre ellos el Diagnóstico PIMD 2026, y convocó a un proceso de diálogo para identificar con precisión a los integrantes de la Comunidad de Finca Las Costas.