El fuero laboral de San Juan venía mostrando una mejora en los tiempos de resolución, pero el número que reveló una jueza en pleno congreso de magistrados encendió otra alarma: una firma de seguridad dejó en la calle a 160 empleados en un solo mes.
El fuero laboral de San Juan atraviesa un año de récord de expedientes: la jueza María Gabriela Padín reveló que las causas ingresadas crecieron un 35% respecto de 2025. La magistrada puso el foco en la crisis de las empresas y en los despidos dentro de las firmas que prestan servicios a la minería, uno de los motores de la litigiosidad provincial.
El diagnóstico lo expuso en el Congreso Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo, que se realiza en la provincia con el auspicio de la Corte de Justicia y la Escuela Judicial. La apertura estuvo a cargo de la doctora Adriana García Nieto, en representación de la Corte, y contó con la participación del Foro de Abogados. El programa incluye paneles sobre derecho colectivo, género y trabajo, además de exposiciones de magistrados de distintas jurisdicciones.
El caso que grafica el problema
Entre los factores que explican el salto, Padín mencionó a las empresas que tercerizan servicios para la minería: seguridad, limpieza y catering. Citó un caso concreto que calificó de fuerte incidencia para la provincia: una firma de seguridad que despidió a 160 empleados en un solo mes.
La jueza también sostuvo que las reformas laborales nacionales no lograron, hasta ahora, reducir la cantidad de juicios. La Ley Bases eliminó las indemnizaciones agravadas por falta de registración, pero esos planteos llegaron igual a los tribunales como pedidos de reparación civil.
A la vez, la Ley de Modernización Laboral abrió diferencias entre magistrados sobre cómo actualizar los montos que deben pagar las empresas. Padín explicó que aplica un criterio intermedio, mientras otros jueces utilizan directamente el mecanismo previsto por la norma. En paralelo, los reclamos por accidentes de trabajo y enfermedades laborales siguen concentrando una parte relevante de la agenda judicial.
De cinco años a un año: el cambio que trajo la oralidad
Antes de las reformas procesales, los juicios laborales demoraban entre cinco y seis años. Desde que la oralidad quedó incorporada en los códigos procesales, en febrero de 2023, el promedio de resolución bajó a entre un año y un año y dos meses. Ese cambio se apoya en las oficinas judiciales laborales creadas en febrero de 2020, que exigen la presencia de los jueces en cada audiencia.
Según la jueza, durante este año se fijaron 352 audiencias finales y alrededor de 600 audiencias iniciales anuales, con jornadas de hasta seis encuentros por día. Esa dinámica busca acelerar la tramitación, pero también refleja una mayor carga de trabajo para el fuero. La litigiosidad crece por la combinación de despidos, reclamos salariales y conflictos derivados de la actividad económica.
El plazo de 30 días que sigue en discusión
Los casos por accidentes laborales no pasan por mediación previa y están alcanzados por una ley provincial que fija un plazo de 30 días para acudir a la Justicia si el trabajador no acepta el acuerdo de la aseguradora de riesgos del trabajo (ART). Padín había declarado inconstitucional ese plazo, pero un fallo reciente de la Cámara lo convalidó.
La jueza aclaró que la decisión mantiene una excepción para quien demuestre que el término fue insuficiente, por lo que el debate continúa abierto en los tribunales sanjuaninos.
