La Justicia le abrió la puerta al Gobierno en la pulseada por los fondos universitarios: qué se discute ahora

La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal habilitó un nuevo recurso del Gobierno en la causa por el financiamiento de las universidades públicas. De este modo, el Estado podrá volver a discutir ante el tribunal dos resoluciones de primera instancia ligadas al cumplimiento de la cautelar que lo obliga a actualizar salarios docentes y no docentes y a sostener las becas estudiantiles.

La decisión la firmó la misma sala que días atrás ya había puesto en pausa las multas contra el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Ahora se suma un nuevo capítulo a una causa que enfrenta al Ejecutivo con el sistema universitario.

Qué podrá revisar la Cámara

Según el fallo, el Gobierno podrá cuestionar dos decisiones del juez Martín Cormick. La primera es la intimación para que acate la cautelar bajo apercibimiento de multas diarias, que quedaron suspendidas de manera provisoria el 15 de octubre.

La segunda, habilitada ahora, es la que objeta que siga adelante el trámite de ejecución de la medida. Con este paso, el Ejecutivo consigue que la Cámara escuche sus argumentos sobre el rumbo del expediente.

Qué dijo y qué no dijo la resolución

El tribunal fue cuidadoso: aclaró que conceder la apelación no significa "adelantar opinión acerca del cabal cumplimiento o no de la medida cautelar". Es decir, la discusión de fondo sigue abierta y deberá resolverse en las instancias que correspondan.

El fallo tampoco se pronunció sobre si la cautelar está vigente ni sobre si el Gobierno la cumplió. Solo habilitó el camino para que el recurso se tramite.

El origen del planteo

Todo se remonta a una providencia del 9 de octubre. En esa resolución, Cormick ordenó elevar a la Cámara la causa principal —donde ya había dictado sentencia de primera instancia— y, al mismo tiempo, comunicó a las partes que continuaría ejecutando la cautelar dentro de un incidente separado.

El Gobierno apeló esa decisión, pero el juez rechazó el recurso el 14 de octubre. Entonces el Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Educación presentaron una queja ante la Cámara. La Sala III hizo lugar al planteo y concedió la apelación, que deberá tramitarse en primera instancia.

El argumento oficial: "ya cumplimos"

En su presentación, el Estado sostuvo que había cumplido íntegramente con la cautelar. Además, argumentó que la medida tenía un límite temporal y que, según su interpretación, ese plazo ya venció. Por eso cuestionó que se mantuviera abierta la ejecución y advirtió que la intimación podía obligarlo a cumplir una orden que considera sin vigencia.

El Gobierno también alertó sobre las consecuencias de la decisión de primera instancia: señaló que seguía latente la posibilidad de que se aplicaran sanciones conminatorias si no cumplía en el plazo fijado, pese a que, según su planteo, no existía una liquidación concreta de las sumas reclamadas.

La Cámara consideró que la denegatoria de la apelación podía generar un "gravamen irreparable" para el Estado y habilitó su revisión.

El antecedente de las multas de $100.000 diarios

Esta nueva resolución se suma a la del 15 de octubre, cuando la misma Sala III admitió una queja oficial y dispuso que se tramitara con efecto suspensivo la apelación contra las multas de $100.000 diarios impuestas a Santilli. Esa medida dejó las sanciones en pausa mientras avanza el recurso, pero tampoco resolvió si el Gobierno había cumplido con la cautelar.

La causa de fondo

El expediente lo inició el Consejo Interuniversitario Nacional contra el decreto 759/2025, que condicionó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario a que el Congreso identificara las fuentes de los recursos.

El 6 de octubre, Cormick declaró inconstitucional esa condición y ordenó aplicar la norma. El Gobierno apeló esa sentencia, que tramita en el expediente principal.

La cautelar que se discute en los incidentes exige actualizar los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas y garantizar los fondos para las becas estudiantiles de acuerdo con los parámetros previstos por la ley.