La Justicia le dijo que no: el camión secuestrado en la causa de Plottier no vuelve a las calles

El fiscal jefe Pablo Vignaroli frenó el intento de la defensa de uno de los empresarios imputados por el presunto direccionamiento de contrataciones en la Municipalidad de Plottier. El pedido para levantar el secuestro de un camión fue rechazado y el vehículo continuará bajo la lupa de la investigación.

La decisión se tomó durante una audiencia de control de la investigación, donde la defensa pidió que se dejara sin efecto la medida que pesa sobre el rodado. El fiscal se opuso de manera contundente: sostuvo que el camión fue utilizado en las maniobras investigadas y que constituye una pieza clave como elemento de prueba.

Además, Vignaroli advirtió que, en caso de una eventual condena, el vehículo podría quedar afectado por el decomiso previsto en el artículo 23 del Código Penal. La jueza Álvarez, que presidió la audiencia, coincidió con el planteo fiscal y rechazó el levantamiento del secuestro.

La alternativa que propuso la fiscalía

Pero no todo fue negativo para el empresario. La fiscalía ofreció una salida para que la medida no le impida seguir usando el camión: que el imputado lo ponga a disposición de la investigación, se realicen las pericias necesarias y luego sea designado como depositario judicial. De esa manera, podría continuar utilizándolo mientras avanza la causa.

La jueza contempló esta posibilidad, aunque dejó en claro que la medida cautelar se mantiene firme.

Una maniobra millonaria

La investigación, que está a cargo de la unidad fiscal de Delitos Económicos, busca determinar cómo se habría montado un sistema de contrataciones públicas para favorecer de manera sistemática a determinados proveedores durante la gestión del exintendente Luis Bertolini.

En abril, la fiscalía formuló cargos contra Bertolini, la exsubsecretaria de Hacienda Gladys Ramírez y los empresarios P.V. y M.L. La acusación sostiene que, entre enero de 2024 y marzo de 2026, los funcionarios municipales intervinieron deliberadamente en los procesos de contratación para beneficiar a los dos proveedores.

Según la investigación, en ese período se otorgaron al menos 160 contratos por más de $2.300 millones. Los mismos proveedores eran invitados sistemáticamente a cotizar y resultaban adjudicatarios.

Además, se detectaron irregularidades como falta de publicidad de los procesos, incumplimiento de los requisitos mínimos de oferentes, utilización de contrataciones directas sin acreditar urgencia, adjudicaciones sin fundamentos y pagos sin constancias de recepción de bienes o servicios.

La hipótesis fiscal plantea que cada imputado cumplió un rol en una maniobra coordinada: los funcionarios públicos intervenían en las decisiones administrativas y en el control del circuito, mientras que los empresarios canalizaban las adjudicaciones y el flujo económico.

Los hechos fueron calificados provisoriamente como negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en carácter de delito continuado. Bertolini y Ramírez fueron imputados como coautores, mientras que los empresarios P.V. y M.L. fueron acusados como partícipes necesarios.