La Justicia le dio cinco días al Gobierno y Pichetto contraataca: pidió que el plazo se acorte

El juzgado contencioso administrativo federal 1 rechazó la medida cautelar que el diputado Miguel Ángel Pichetto había presentado para suspender el artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley de Tierras. La resolución, conocida este lunes, también le otorgó al Gobierno cinco días hábiles para responder antes de que la Justicia se expida sobre el fondo del asunto.

El magistrado argumentó que "no se acredita la concurrencia de circunstancias graves y objetivamente impostergables" que justifiquen la aceptación de la cautelar. Pichetto había presentado la acción junto al diputado Nicolás Massot.

El pedido de Pichetto para acelerar los tiempos

Tras conocer la decisión, el diputado solicitó que el plazo se reduzca de cinco a dos días. Si la Justicia no acepta su pedido, el Gobierno debería tomar una decisión dos días antes de la sesión que la oposición prepara en Diputados para rechazar el DNU 70/23.

"Mientras la Justicia demora, se pueden concretar esas ventas, con grave riesgo para el patrimonio nacional. Esta decisión permite que esa situación continúe", escribió Pichetto en la red social X.

El diputado y presidente de Encuentro Republicano Federal también advirtió que incluso una negativa rápida de la Justicia sobre el fondo del asunto permitiría acudir a instancias superiores. "Estamos frente a una situación de gravedad institucional, el rechazo de la cautelar preventiva es un indicio de la suerte que puede correr nuestra presentación", agregó.

Qué buscaba la cautelar de Pichetto y Massot

Los diputados nacionales habían presentado la medida cautelar para pedir la suspensión de los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley de Tierras. La presentación se realizó después del fallo de la Corte Suprema del 29 de septiembre, que revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata y rechazó la demanda promovida por el CECIM por falta de legitimación.

El máximo tribunal aclaró expresamente que no se pronunció sobre la validez constitucional del artículo 154 ni sobre la intervención que le corresponde al Congreso.

Como consecuencia de esa decisión, la derogación de la Ley de Tierras volvió a producir plenamente sus efectos. Actualmente no rigen los límites que la norma establecía para la adquisición de tierras rurales por extranjeros: ni por porcentaje nacional, provincial o departamental, ni por nacionalidad o superficie. Tampoco rige la prohibición de adquirir inmuebles que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes.

"La cautelar busca evitar que las operaciones que puedan realizarse durante este período se consoliden luego como derechos adquiridos. El planteo advierte que, aun si el Congreso rechazara el DNU o si se restablecieran por ley las restricciones, las adquisiciones perfeccionadas durante su vigencia podrían quedar a salvo", explicaron los diputados nacionales.