La Justicia le dio luz verde a Chiqui Tapia para un viaje clave, mientras su futuro judicial pende de un hilo

El presidente de la AFA podrá viajar a Paraguay para un evento de la Conmebol, pero bajo una estricta condición económica y en medio de la etapa decisiva de la causa por presunta retención indebida de aportes. El juez Diego Amarante autorizó a Claudio “Chiqui” Tapia a salir del país entre el 18 y el 20 de marzo, para participar del sorteo de competiciones organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol.

Sin embargo, el permiso no fue gratuito. El magistrado impuso como condición que el dirigente deposite una caución de 30 millones de pesos. Esta decisión se toma en un momento crítico del proceso judicial que investiga a Tapia y al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.

La causa se encuentra en una fase de definición. Con las indagatorias finalizadas y los escritos de defensa ya presentados, el juez Amarante tiene por delante un plazo de diez días hábiles para resolver la situación procesal de ambos imputados.

¿Qué opciones tiene el juez sobre la mesa?

Las alternativas legales son tres y marcarán el rumbo de la investigación. El magistrado puede dictar el procesamiento de Tapia y Toviggino, decretar el sobreseimiento o establecer la falta de mérito. La resolución se espera en los próximos días.

El corazón de la acusación gira en torno a una presunta retención indebida de aportes a la seguridad social. Según la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARCA), la AFA habría actuado como agente de retención, descontando impuestos y aportes que luego no ingresó al fisco en tiempo y forma.

Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, los dos máximo dirigentes del fútbol argentino. (Foto: X/@AFA)

Los números de una causa millonaria

El período investigado abarca desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025, sumando 19 meses consecutivos. El monto total involucrado asciende a la astronómica cifra de 19.300 millones de pesos.

La acusación detalla que se contabilizan 69 hechos que concurren entre sí. ARCA sostiene que los fondos retenidos no eran recursos propios de la AFA, sino dinero correspondiente a los contribuyentes. Además, el organismo asegura que la entidad tenía capacidad financiera para pagar, ya que durante ese tiempo ingresaron a sus arcas alrededor de 500 mil millones de pesos.

La defensa: “No existió incumplimiento”

Frente a los cargos, la postura de Tapia y Toviggino es de total rechazo. En sus escritos de defensa, argumentaron que una disposición administrativa impedía la ejecución fiscal de deudas en el caso de asociaciones civiles, por lo que no estaban obligados a cancelar en ese momento.

El tesorero Toviggino fue contundente en su presentación: “No existió ardid ni engaño alguno, sino una conducta ajustada a resoluciones administrativas dictadas en el marco de una política estatal de alivio y regularización fiscal”. Y agregó: “Está ausente el elemento subjetivo requerido y no puede atribuirse voluntad criminal”.

La AFA afirmó que la deuda ya fue regularizada. Más allá de lo técnico, la defensa lanzó una acusación política, planteando que existe una persecución contra la dirigencia del fútbol argentino. Señalaron que la denuncia se presentó en diciembre de 2025, mientras que el primer incumplimiento investigado se remonta a marzo del mismo año.

Ambos imputados solicitaron el sobreseimiento, un pedido que el juez Amarante ya rechazó. Esta decisión fue apelada y ahora se encuentra bajo análisis de la Cámara en lo Penal Económico, añadiendo otra capa de complejidad a un caso que mantiene en vilo al mundo del fútbol.