La Justicia le puso el ojo a Sea Lion: por qué la causa depende de un llamado al exterior

El Juzgado Federal de Río Grande aceptó intervenir en la demanda ambiental contra las empresas del proyecto petrolero Sea Lion, pero ahora el expediente avanza hacia un terreno donde la Justicia sola no alcanza: notificaciones internacionales, traducciones y gestiones diplomáticas con empresas que operan en otro país.

Así lo explicó el secretario del Juzgado Federal de Río Grande, Juan Manuel Vicente, en diálogo con radio Provincia. El funcionario detalló que la causa se originó a partir de “una demanda de dos organizaciones, una de excombatientes, otra de abogados ambientalistas, con relación a una exploración petrolera que estaría teniendo lugar en las cercanías de las Islas Malvinas”.

Qué resolvió la jueza y qué falta

La primera decisión del tribunal fue declarar su competencia para tramitar el caso. Según Vicente, corresponde a la Justicia argentina “porque es un territorio sometido a la soberanía argentina y en particular al Juzgado Federal de Río Grande”.

En cuanto al fondo del reclamo, el secretario precisó que la discusión apunta a un posible daño ambiental y que las organizaciones demandantes pidieron medidas cautelares para frenar la explotación. Sin embargo, esas cautelares todavía no se resolvieron: antes la jueza reclamó ajustes en la presentación inicial.

El motivo es técnico pero clave. La demanda incluye documentación en inglés y enlaces web cuyo contenido puede cambiar o directamente desaparecer. “Hay que hacer todo un trabajo de sacar capturas, asegurar qué está en esas páginas”, describió Vicente. A eso se suma que los textos extranjeros deben ser traducidos.

El obstáculo que excede a la Justicia

La mayor dificultad aparece cuando hay que comunicarse con compañías de otro país o pedir información a otros Estados. Vicente recordó que en antecedentes similares el juzgado recurrió a la Cancillería argentina “para que realice vía exhorto las comunicaciones tanto a las empresas privadas como a los Estados nacionales que tienen que brindar información que se solicite”.

El problema es que ese mecanismo se inserta en una controversia de soberanía que sigue sin resolverse. El secretario advirtió que “puede haber estados que reconocen la soberanía argentina sobre las islas”, mientras que algunas empresas “no estén dispuestas a considerar las órdenes que emita un juzgado de Argentina”.

Por eso, evaluó que el resultado final excede las posibilidades del Poder Judicial y queda atado a “las posibilidades que tenga el Estado argentino de hacer valer su voluntad en la comunidad internacional”.

La causa, entonces, combina el debate ambiental con la afirmación de soberanía y una serie de gestiones internacionales cuyo cumplimiento depende de la respuesta de las empresas extranjeras y de los canales diplomáticos.