La Justicia le puso fecha límite a Entre Ríos para destrabar el arroyo El Salto
La Fundación Cauce viene reclamando desde hace años por el arroyo El Salto y la Justicia ahora le puso fecha a la Provincia: tiene hasta el 29 de octubre de 2026 para mostrar que el agua vuelve a correr bajo el Puente de Piedra. El Gobierno apeló, pero el recurso no frena la orden.
La Cámara Segunda de Paraná intimó al Gobierno de Entre Ríos a ejecutar de forma urgente las tareas que permitan que el agua del arroyo El Salto vuelva a correr sin obstáculos a la altura del Puente de Piedra, el paso que une el camino vecinal entre Aldea Brasilera y Colonia Ensayo, en el departamento Diamante.
La resolución lleva la firma del juez Edgardo Martín N. Cossy y fijó el 29 de octubre de 2026 como tope para que la Provincia demuestre con imágenes que los trabajos se hicieron y que el cauce quedó liberado.
El fallo se conoció este 28 de octubre y es parte del amparo ambiental que impulsó la Fundación Cauce contra el Ejecutivo provincial y la firma Cristamine SA. La condena que obligaba a asegurar el escurrimiento ya estaba firme, pero desde el Gobierno entrerriano no la habían acatado.
Un caño no alcanza
Para el magistrado, las fotos que aportó Cauce dejan en claro que colocar un solo conducto de mayor tamaño no basta para que el arroyo fluya como corresponde.
La Provincia, en cambio, presentó un anteproyecto de obra mucho más ambicioso: calculó un costo de 220 millones de pesos y un plazo de seis meses de ejecución. El área de Administración y Finanzas respondió que ese trabajo no figura en el presupuesto vigente y que su factibilidad económica recién podría analizarse en el Proyecto de Presupuesto 2027.
Qué respondió la Cámara
El tribunal consideró que el proyecto oficial va más allá de lo que pedían las sentencias anteriores. Según la resolución, cumplir con la orden judicial no exige una intervención de semejante escala: con más caños, eventualmente de mayor diámetro, ya se restablecería el paso del agua y de la fauna ictícola.
Además, el fallo remarca que la obstrucción podría destrabarse rápido con los recursos que la Provincia ya tiene disponibles.
Por eso la Justicia le ordenó al Gobierno provincial que disponga de inmediato los medios para cumplir la sentencia y que presente documentación fotográfica que acredite los trabajos y el estado final del paso de agua, con plazo hasta el 29 de octubre de 2026.
La apelación no frena nada
El Ejecutivo entrerriano apeló la resolución, pero el recurso fue concedido con efecto devolutivo. En la práctica, eso significa que la apelación no suspende la ejecución de la decisión judicial: la Provincia debe cumplir con lo ordenado mientras el trámite sigue su curso.
