La Justicia le puso fecha límite a la Asociación de Magistrados: qué pasará si no muestra los números

La interna que sacude a los tribunales tucumanos sumó un capítulo de alta tensión procesal. La Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Tucumán (AMT) quedó contra las cuerdas: un juez le fijó un plazo perentorio de 48 horas para poner sobre la mesa todos sus papeles contables y la entidad ya avisó que acatará.

La voz oficial la llevó el vicepresidente de la AMT, Jorge Jakobsen, debido a que la presidenta Marcela Ruiz se encuentra en uso de licencia temporaria. En diálogo con LA GACETA, el magistrado confirmó que abrirán los archivos sin vueltas: “Estamos abocados en dar cumplimiento con la manda judicial. Lo que se hará en tiempo y forma. En consecuencia se pondrá a disposición del juzgado toda la documentación requerida”.

Qué exige la Justicia y cuándo vence el plazo

El juez en lo Civil y Comercial Común de la I° Nominación, Pedro Yane Mana, resolvió una medida cautelar y fue taxativo: la AMT tiene 48 horas que se agotan este jueves 8 de octubre para entregar en sede judicial un paquete de documentación que incluye libros contables rubricados, facturas, comprobantes bancarios, nóminas salariales y gastos de viáticos y fiestas correspondientes al ejercicio 2025.

El pronunciamiento trajo además una advertencia severa para los directivos: si el incumplimiento es injustificado, el juez habilitará de inmediato el secuestro de los papeles que no se presenten.

La defensa de la AMT: “No existe acusación alguna”

Frente a ese escenario, la conducción de la entidad que agrupa a magistrados y funcionarios judiciales de la provincia buscó correr el conflicto de cualquier sospecha de irregularidad patrimonial y encuadrarlo como una discusión de técnica societaria. “No existe acusación alguna. La acción es un pedido de nulidad de una asamblea. Ese es el objeto del juicio”, remarcó Jakobsen, quien diferenció la naturaleza civil del pleito de una eventual imputación penal.

En esa misma línea, defendió la validez del acto en el que se votó la memoria y balance general: “Asamblea que cumplió con todos los requisitos establecidos por nuestro estatuto”.

El origen del conflicto: el pedido de una jueza

La grieta entre la directiva y las bases estalló por el derecho de información. La jueza Penal de Niños, Niñas y Adolescentes, Ana María Iácono, recurrió a la Justicia al advertir que sus notas enviadas a lo largo de abril para revisar los comprobantes antes de la asamblea del día 23 fueron desatendidas o respondidas de forma evasiva.

A esa tensión se sumaron las actas notariales labradas la misma mañana de la votación, cuando concurrió a la secretaría y no pudo ver los respaldos, y las posteriores contestaciones formales de la AMT que sugerían que su insistencia rozaba la inconducta o merecía sanciones disciplinarias.

Iácono no se quedó en un planteo técnico de nulidad formal. En su escrito sostuvo que el ocultamiento deliberado de la documentación respaldatoria configura una maniobra para impedir el hallazgo de posibles irregularidades, desvíos de fondos o malversación de los administradores. Además, dejó expresa reserva de demandar civilmente en forma personal a los directivos, bajo el art. 254 de la Ley General de Sociedades, y de exigirles una rendición de cuentas directa.

El gesto conciliador de Jakobsen

Pese al áspero historial administrativo, el vicepresidente de la AMT buscó mostrarse mesurado con la denunciante y reconoció su derecho a plantear el conflicto ante un magistrado: “La doctora Iácono es una socia y si ella considera que existe algún motivo que justifique su acción está en todo su derecho de hacerlo. Y nosotros tenemos la obligación de cumplimentar con lo ordenado por un magistrado. Eso es todo lo que está aconteciendo”.

Con esa frase, el titular en funciones intentó cerrar filas institucionales y encuadrar el acatamiento como una simple rutina republicana entre pares.

El antecedente que sobrevuela Tribunales

El clima que rodea la entrega de los papeles excede la calma que la dirigencia procura transmitir. En los pasillos del Palacio de Tribunales se recuerda el antecedente de octubre de 2025, cuando la disputa por los representantes de los magistrados en el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) terminó con acusaciones cruzadas de fraude y una histórica derrota del oficialismo ligado a la AMT frente a los fiscales Daniel Marranzino (luego fallecido) y Carlos Saltor por apenas un voto de diferencia (80 a 79).

Aquella fractura electoral dejó secuelas profundas que ahora vuelven a emerger en la discusión patrimonial.

La cuenta regresiva ya está en marcha y vencerá con el cierre de las actividades tribunalicias de este jueves. Si la conducción de la AMT deposita las carpetas y registros rubricados en el juzgado de Yane Mana como anticipó Jakobsen, el expediente abrirá una nueva y decisiva etapa de peritaje contable donde quedará a la vista de las partes el destino de cada peso administrado.