La Justicia le puso fecha límite al Gobierno por el arroyo El Salto: qué encontró la Fundación Cauce

El plazo que fijó la Justicia para que el Gobierno de Entre Ríos desobstruya el arroyo El Salto se agotó el 29 de octubre y, según la Fundación Cauce, los trabajos ordenados todavía no fueron acreditados. La organización ambiental advirtió que la Provincia presentó un relevamiento topográfico, pero no documentación que pruebe la colocación de los nuevos conductos para devolverle el paso al agua.

La directora ejecutiva de la entidad, Valeria Inés Enderle, contó en diálogo con el programa GPS que la resolución judicial había puesto un plazo para que el Ejecutivo demostrara el inicio de las tareas destinadas a mejorar el escurrimiento del cauce, cuya obstrucción despierta alertas por sus efectos sobre el ambiente.

Qué obras debía ejecutar la Provincia

La intervención apuntaba a recuperar el flujo en un tramo donde el arroyo se encontraba restringido. De acuerdo con lo que explicó Enderle, la obra permitiría restablecer parte de la conectividad del curso y morigerar las consecuencias de la obstrucción.

“Hasta ahora no hay un cumplimiento de la medida, sino que lo que presentaron fue un relevamiento topográfico donde indican que van a colocar los dos caños de 60 cm de diámetro, pero aún no han enviado por lo menos una prueba eficiente de que los caños estén colocados”, sostuvo la abogada.

Según la información que maneja la Fundación Cauce, el único conducto instalado seguía siendo el de 40 centímetros de diámetro.

El pedido de multas para el Gobierno provincial

Frente al vencimiento del plazo, Enderle recordó que la organización viene reclamando desde hace tiempo el cumplimiento de la resolución. “Ya lo habíamos solicitado antes y habíamos solicitado que se le apliquen sanciones pecuniarias que ante la no ejecución de lo que el juez le ha ordenado, vamos a solicitar que estas sean cumplimentadas”, manifestó.

Esas penalidades económicas se denominan jurídicamente astreintes: multas que buscan forzar el acatamiento de una decisión judicial.

La apelación de la Provincia y el segundo plazo

La representante de Cauce señaló que el Gobierno había recibido un segundo plazo para concretar los trabajos, por lo que a su entender ya no quedaban razones para nuevas postergaciones. “Ya no tiene margen”, afirmó.

“Las apelaciones o los amparos son con efecto devolutivo, es decir, la orden que emana del juez se tiene que cumplir sí o sí”, explicó. Además, sostuvo que la Procuración provincial habría considerado acertado el criterio del magistrado, según su lectura de las actuaciones.

Sobre los próximos pasos, estimó que el Ejecutivo podría presentar en los días siguientes la documentación que acredite la colocación de los conductos, aunque aclaró que hasta el momento no contaban con esa información.

El impacto sobre los peces y el ecosistema

Uno de los focos de preocupación de la Fundación Cauce son los efectos de la interrupción del curso de agua. Enderle precisó que el sector afectado está a menos de cinco kilómetros de la desembocadura del arroyo en el río Paraná, un punto clave para la circulación y la reproducción de distintas especies de peces.

“Las consecuencias tienen que ver principalmente con la fauna ictícola, porque como bien sabemos los arroyos son lugar de reproducción de peces”, indicó. El conducto de menor diámetro, explicó, dificulta el desplazamiento de los peces y limita la circulación del agua, lo que podría alterar las condiciones naturales del ambiente.

A eso sumó que la falta de conectividad hídrica también afecta a la vegetación y a otras especies ligadas al cauce.

Las comunidades que podrían quedar sin caudal

La situación también podría golpear a las poblaciones cercanas al arroyo. Enderle mencionó entre ellas a Aldea Brasilera y otras localidades de la zona, que podrían verse perjudicadas por la reducción del caudal.

Detalló que desde el punto de la obstrucción hasta la desembocadura en el río Paraná circula una cantidad reducida de agua, salvo cuando las lluvias u otras condiciones elevan el caudal de manera temporal. “Si está obstruido en este sitio, obviamente el agua no llega”, señaló.

La abogada aclaró que la Fundación Cauce no realizó un estudio específico sobre el impacto ambiental en ese lugar, pero remarcó que la bibliografía científica permite advertir qué ocurre cuando se interrumpe la circulación natural de un arroyo.

La denuncia por contaminación en arroyos de Crespo

En la misma entrevista, Enderle fue consultada por la investigación sobre posibles episodios de contaminación en cursos de agua vinculados al área industrial de Crespo. Recordó que la Fundación Cauce y el Foro Ecologista presentaron una denuncia penal ante el Juzgado Federal de Paraná hace aproximadamente un año.

La causa fue delegada al Ministerio Público Fiscal, que seguía pidiendo medidas de prueba para determinar el origen de los posibles contaminantes. “Ahora último pedimos la extracción de muestras ante esta coloración rojiza que apareció en los arroyos”, indicó, en referencia a los cambios de color observados en cursos de la zona.

No obstante, aclaró que en ese expediente todavía no hay responsabilidades determinadas ni imputaciones penales. También mencionó los estudios científicos de Rafael Azmanovic y su equipo, que analizaron distintas fuentes de contaminación: no solo posibles descargas industriales, sino también sustancias de actividades agropecuarias y residuos urbanos de las localidades cercanas.