La Justicia le puso precio a la muerte del subinspector Bermúdez: cuánto deberá pagar la Provincia
La familia del subinspector asesinado en el Hospital Provincial parecía tener todo en contra: la Provincia ya había pagado una indemnización como accidente laboral. La jueza, sin embargo, encontró tres omisiones que cambiaron el final.
El asesinato del subinspector Leoncio Bermúdez en el Hospital Provincial de Rosario tuvo un nuevo capítulo esta semana, pero esta vez en el fuero civil. La Justicia santafesina condenó a la Provincia a pagar una indemnización millonaria a la familia del uniformado, al considerar que su muerte pudo evitarse.
Bermúdez fue ultimado el 14 de noviembre de 2023 mientras cumplía servicio en el Destacamento Policial N.° 16, dentro del nosocomio. Hasta allí había llegado un grupo armado con la intención de rescatar a un preso de alto perfil.
La noche en que todo falló
Ese día, Bermúdez estaba solo en el destacamento. Su compañero no se presentó y nadie lo reemplazó. A esa irregularidad se sumó otra: al hospital habían llevado a Guillermo Lencina, un interno de alto perfil, por un problema de salud. Lo custodiaban dos uniformados y cerca de las 18.30 recibió el alta.
Los custodios avisaron a sus superiores y aguardaron la unidad de traslado. Pero pasadas las 22, antes de que llegara, irrumpieron hombres armados. Uno de ellos gritó: “Quédense quietos y levanten las manos”.
El custodio que estaba en el pasillo se abalanzó sobre el agresor para desarmarlo. Forcejearon y el atacante logró zafarse: le dio un culatazo en la cara y le quitó el arma reglamentaria, según reconstruyó la investigación.
Afuera, Bermúdez escuchó el escándalo y salió. En la vereda se topó con otro de los agresores, que le disparó varias veces. El subinspector murió en el lugar sin llegar a desenfundar.
Dentro del destacamento estaba, por azar, su hija pequeña. Un custodio del hospital la sacó en brazos para que no viera la escena que tenía a su padre como víctima.
Dos causas, un mismo hecho
El caso recorrió dos caminos. En el penal, se imputó a un grupo de personas, entre ellas cuatro mayores. Según la acusación, dos internos alojados en Piñero convocaron a otras personas por WhatsApp y ofrecieron 2 millones de pesos para liberar a Lencina, aprovechando que estaba en el hospital. Esa causa sigue en trámite.
En paralelo, la familia inició un reclamo administrativo que derivó en una demanda por daños y perjuicios, representada por el abogado Guillermo Guastalli Domicent.
Qué reclamó la familia
La demanda recayó en el Tribunal Unipersonal de Responsabilidad Extracontractual N.° 3, a cargo de Luciana Martínez. La familia sostuvo que Bermúdez estaba solo y sin apoyo, cuando la normativa exige como mínimo que el servicio se preste en binomio. Sumó que no se tomaron recaudos ante la llegada de un preso de alto perfil al hospital. Para los demandantes, el asesinato era evitable.
Señalaron tres puntos que consideraron probados: que Bermúdez estaba solo; que hubo negligencia en la custodia del preso de alto perfil —que permaneció casi tres horas en el hospital sin que se concretara el traslado—; y que hubo una omisión jerárquica al no convocar un relevo para el compañero que faltó. También destacaron que, tras el crimen, la Policía de la Provincia reformó el Protocolo de Seguridad en traslados de detenidos.
La Provincia, por su parte, negó las omisiones. Su representante legal argumentó que se había encuadrado la muerte en la Ley de Riesgos del Trabajo —como accidente laboral—, que se pagó una indemnización sin objeciones de la contraparte y que correspondía una excepción de pago. La actora respondió que ese pago fue posterior a la demanda y que no hubo mala fe: son reclamos distintos y una vía no excluye a la otra.
El fallo: responsabilidad objetiva
La jueza fue precisa al encuadrar el caso: “no se trata de un juicio sobre la conducta de los agentes, sino sobre la prestación del servicio y, por ello, la responsabilidad involucrada no es subjetiva, sino objetiva”.
Sobre el reclamo administrativo, la magistrada observó que la denuncia la hizo un subcomisario y que la firma de la concubina llegó después, a pedido del mismo organismo. Remarcó que en el expediente ya constaba la demanda por daños y perjuicios y que, aun así, se ordenó el pago, que se concretó 13 meses después del fallecimiento.
Ese pago, resolvió, no tuvo el efecto “cancelatorio y liberatorio” que invocó la accionada. Si la condena supera ese monto, lo abonado por la Provincia de Santa Fe se deducirá, con sus intereses, hasta cubrir el capital condenado.
En cuanto a la responsabilidad civil, la jueza dio por probado que Bermúdez estaba solo y sin relevo. Sobre la custodia del preso de alto perfil, entendió que se omitió reforzar la seguridad con personal complementario y que no se dispuso un operativo acorde a la condición de Lencina. También acreditó irregularidades en el traslado de regreso a la Unidad Penitenciaria de Piñero tras el alta médica.
Esas omisiones dejaron al detenido más de tres horas en la guardia del hospital después del alta, lo que agravó los riesgos y expuso a pacientes, personal médico, empleados y transeúntes a un peligro que pudo y debió evitarse.
Con ese razonamiento, la magistrada concluyó que hubo una falta imputable al Estado Provincial en la prestación del servicio de policía de seguridad ese 14 de noviembre de 2023, en la custodia y seguridad del Hospital Provincial de Rosario. Hizo lugar al reclamo indemnizatorio por pérdida de vida, daño moral, daño psíquico y por el “costo del tratamiento psicológico” de los actores.