La Justicia le puso un freno al ajuste: Vialidad Nacional deberá actualizar salarios congelados

Un fallo judicial obligó a la Dirección Nacional de Vialidad a actualizar de inmediato los haberes de un sector de sus trabajadores, congelados por más de un año, marcando un revés para la política de ajuste salarial del Gobierno nacional en los entes autárquicos. El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Lanús hizo lugar a una medida cautelar y ordenó equiparar los aumentos con el resto de la administración pública.

La resolución expone una situación de “desigualdad y asfixia” para los empleados bajo el Convenio 827/06 “E”, quienes no percibían ajustes desde octubre de 2024. Mientras tanto, otros sectores del mismo organismo y de la administración centralizada sí recibieron actualizaciones, generando una brecha salarial que la Justicia consideró ilegítima.

¿Qué fundamentó el juez para la decisión?

En los considerandos del fallo, el magistrado puso el acento en el “carácter alimentario del salario” y evaluó como acreditado el perjuicio causado por el prolongado congelamiento en un contexto inflacionario. La sentencia también subrayó la “falta de una negociación colectiva efectiva”, debido a la ausencia de propuestas formales por parte de las autoridades en las mesas paritarias.

De esta manera, la Justicia dispuso que Vialidad Nacional debe aplicar a este sector las mismas pautas salariales establecidas para el Convenio 214 de la administración pública. Este ajuste tendrá carácter retroactivo, aplicándose desde noviembre de 2024.

¿Qué implica concretamente el fallo?

La orden judicial se traduce en tres puntos clave. En primer lugar, una actualización inmediata de los salarios, que deberán ajustarse según las Decisiones Administrativas de 2024 y 2025 que rigieron para el resto del Estado. En segundo término, se establece un pago retroactivo: la deuda acumulada y los bonos otorgados desde mediados de 2024 tendrán que abonarse en tres cuotas bimestrales.

Por último, el juez dispuso la suspensión de plazos procesales para impugnar la medida, un recurso que busca asegurar que los trabajadores perciban la actualización de forma urgente, sin demoras por posibles apelaciones.

Una advertencia sobre el desmantelamiento del organismo

“Este fallo representa un paso fundamental en la defensa de nuestros derechos y confirma la legitimidad de nuestro reclamo”, afirmó Graciela Aleñá, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), que impulsó la medida cautelar. Para la dirigente gremial, la resolución no solo repara una injusticia salarial, sino que también pone en evidencia el intento de desmantelamiento de Vialidad Nacional.

Desde la órbita política, se analiza que esta dirección judicial puede sentar un precedente relevante y complicado para el plan oficial de ajuste salarial en la administración pública. El Congreso ya había advertido en 2025 que el Gobierno no puede recortar funciones ni desfinanciar al organismo vial por su rol estratégico en la conectividad y seguridad del país.

Sin embargo, la gestión nacional mantuvo una política de parálisis operativa y salarial que ahora la Justicia comienza a revertir con este fallo. Analistas señalan que este revés para el oficialismo podría impulsar presentaciones judiciales similares en otros entes autárquicos que atraviesan situaciones de “congelamiento selectivo”.

De prosperar estos reclamos, se debilitaría la premisa de que la paritaria estatal puede ser utilizada como una herramienta de ajuste fiscal unilateral, tal como pretende el Gobierno. El caso sienta un antecedente directo sobre los límites de la política de congelamiento en organismos autárquicos.