La Justicia le puso un freno al Gobierno con la Ley de Financiamiento y el rector de la UNLPam no se guardó nada

La Justicia Federal declaró inconstitucional la suspensión de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente y le ordenó al Poder Ejecutivo avanzar con su cumplimiento inmediato. La reacción del rector de la UNLPam, Francisco Marull, no tardó en llegar: dijo que el fallo "pone las cosas en su lugar".

El fallo lo firmó el juez federal Martín Cormick, al frente del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.° 11. La sentencia declara la inconstitucionalidad del decreto 759/2025 en el tramo que condicionaba la ejecución de la ley N.° 27.795 a que primero se definieran sus fuentes de financiamiento. Con esa traba caída, el Ejecutivo queda obligado a dictar las reglamentaciones necesarias para aplicarla ya.

Qué dijo el rector de la UNLPam

Marull fue uno de los primeros en salir a respaldar la medida. "La Justicia confirmó lo que venimos sosteniendo: la ley está vigente y hay que cumplirla. Es una decisión judicial que pone las cosas en su lugar, que le devuelve su rol al Congreso y a la Universidad Pública", expresó el rector tras conocerse la sentencia.

Y fue más allá: "Esta sentencia fortalece la democracia, porque muestra que el sistema de frenos y contrapesos funciona. Ya no hay argumentos para seguir demorando el financiamiento universitario".

Los argumentos del juez Cormick

En sus fundamentos, el magistrado calificó al decreto como "un mecanismo extraconstitucional", una suerte de veto encubierto que la Constitución no contempla. Recordó que el artículo 83 obliga al Ejecutivo a promulgar una ley que el Congreso insistió con dos tercios de ambas cámaras, no a suspenderla. Y marcó que el artículo 75, inciso 8, pone la definición del gasto público en manos del Congreso, no del Presidente.

El juez también remarcó que la propia ley fija en su artículo 9 las pautas para financiarse y citó una estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso: el costo para 2025 representa apenas el 0,23 % del PBI. Su conclusión fue dura: el decreto "no supera un test mínimo de razonabilidad".

Un fallo colectivo que alcanza a todas las universidades

La decisión judicial hace lugar a la acción de amparo colectiva que impulsaron el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), varias universidades nacionales y docentes, y a la causa acumulada que había iniciado la Universidad de Buenos Aires. Por tratarse de un proceso colectivo, el alcance es amplio: abarca al personal docente y nodocente, a investigadoras e investigadores y al estudiantado de todas las universidades públicas nacionales, incluida la UNLPam.

Una pulseada que viene de lejos

La ley había sido aprobada por el Congreso en agosto de 2025, vetada por el Ejecutivo e insistida por ambas cámaras el 2 de octubre de ese año. Diez días después, el 20 de octubre, fue promulgada con una cláusula que en los hechos dejó su aplicación en pausa: "sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N° 24.629".

En diciembre de 2025 el mismo juzgado dictó una medida cautelar que la Cámara confirmó en marzo de 2026 y que quedó firme en junio, cuando la Corte Suprema desestimó el recurso extraordinario del Gobierno. Ahora, la sentencia definitiva suma un capítulo más: las costas del proceso quedan a cargo del Estado Nacional.

La marcha que se viene

En ese marco, Marull recordó que el jueves 15 de octubre la comunidad de la UNLPam movilizará en Santa Rosa y General Pico en una nueva edición de la Marcha Federal Universitaria. El reclamo será el mismo que atraviesa toda esta pelea: la aplicación de la ley y la defensa de la universidad pública, gratuita y de calidad.