La Justicia le puso un plazo al Gobierno para saber quién es dueño de las tierras bonaerenses

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°4 de La Plata hizo lugar a una medida cautelar de la Defensoría del Pueblo bonaerense y le dio al Gobierno nacional un plazo de cinco días para que informe cuántas hectáreas de la provincia están en manos de titulares extranjeros y dónde están ubicadas.

La intimación también alcanza a la conservación de los registros: el Ejecutivo deberá garantizar que no se pierdan los antecedentes acumulados durante los años en que estuvo vigente la Ley de Tierras, la norma que durante más de una década limitó la propiedad extranjera en el campo argentino.

La jueza Güendalina Sessarego ordenó puntualmente al Ministerio de Justicia de la Nación —a cargo de Juan Bautista Mahiques— que precise hasta qué fecha se actualizaron las bases de datos y que resguarde de manera íntegra los antecedentes registrales reunidos en los últimos 15 años.

Qué dice el fallo

Según la sentencia a la que tuvo acceso TN, lo que se busca proteger excede el marco del expediente: “Lo que aquí se procura preservar no es solamente un elemento probatorio para el proceso, sino la información en poder del Estado que resulta relevante para conocer la evolución de una realidad territorial dinámica y, eventualmente, adoptar medidas adecuadas frente a potenciales daños”.

La jueza subrayó que la prevención del daño, en este caso, tiene una dimensión “predominantemente informativa”. Y agregó: “Si bien la situación territorial, dominial y catastral es dinámica, la información ya recolectada constituye el antecedente necesario para conocer la evolución de esa realidad y posibilitar, en su caso, su posterior utilización. Por ello, su pérdida o alteración durante la sustanciación del proceso podría dificultar la eficacia de la tutela que corresponda adoptar”.

Por eso concluyó que resulta “razonable ordenar al Estado Nacional que tome las medidas conducentes para preservar la información existente y ya registrada relativa a las tierras rurales situadas en la Provincia de Buenos Aires, evitando su pérdida, destrucción, alteración o cualquier otra circunstancia que pueda afectar su integridad o disponibilidad”.

El reclamo que originó la causa

La demanda la impulsó la Defensoría del Pueblo de la provincia, encabezada por Guido Lorenzino. El organismo planteó que la eliminación de los mecanismos de control previstos por la legislación podía afectar la disponibilidad de información sobre el territorio y complicar el seguimiento de quién es titular de cada campo.

El trasfondo del conflicto son los cambios que introdujo el DNU 70/2023, firmado por Javier Milei a poco de asumir la Presidencia. El artículo 154 de ese decreto derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales, sancionada en 2011, que fijaba un tope del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales en los niveles nacional, provincial y municipal.

Esa norma también incluía restricciones según la nacionalidad de los titulares y límites a la cantidad de hectáreas que podía concentrar una misma persona.