La Justicia les negó la libertad a dos policías de Iguazú y ahora revisan sus celulares

El Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú rechazó los pedidos de excarcelación de un sargento de 44 años y un agente de 25, ambos de la Unidad Regional V, investigados por presuntos cobros y abusos en el sector de Resguardo de Detenidos. El juez Martín Brites resolvió que los dos efectivos sigan privados de su libertad mientras avanza la causa.

Se trata del sargento Rafael A., que prestaba servicios en la Comisaría Segunda, y del agente Rodrigo A., del Comando Radioeléctrico de Iguazú. Los dos fueron detenidos el miércoles 2 de septiembre y luego apartados de la Policía de Misiones.

Qué investiga la Justicia

La causa busca establecer si dentro del sector de alojamiento de detenidos funcionó durante varios meses un esquema que permitía acceder a beneficios a cambio de dinero. Entre las situaciones bajo análisis aparecen el ingreso y uso de teléfonos celulares, visitas íntimas fuera de las condiciones reglamentarias y presuntos episodios de violencia para obtener dinero de familiares de internos.

El expediente se inició con la denuncia de un hombre que había estado alojado en ese sector y que habría relatado malos tratos e irregularidades. A partir de esa presentación, la Dirección de Asuntos Internos de la Policía de Misiones reunió información y la remitió al juzgado.

Los celulares, la clave

Con el avance de la investigación se ordenaron las detenciones de los dos efectivos y el secuestro de sus teléfonos. Ahora, el análisis de esos dispositivos será central para determinar si existieron comunicaciones y movimientos de dinero vinculados con las maniobras investigadas.

Una de las líneas apunta al presunto ingreso de celulares al sector de alojamiento. Según la hipótesis judicial, personas relacionadas con los internos habrían entregado los aparatos a un efectivo para que fueran introducidos al lugar. Por cada teléfono se habría pagado alrededor de 100.000 pesos, mientras que el uso dentro de los pabellones habría implicado pagos semanales cercanos a los 30.000 pesos.

Los investigadores también intentan determinar cómo se mantenían los dispositivos pese a los controles. La reconstrucción provisoria indica que los celulares podían retirarse y reingresarse, en lugar de quedar de forma permanente en poder de un mismo detenido. En determinado momento, la cantidad de aparatos que habrían circulado habría llegado a unos diez, distribuidos entre los cuatro pabellones.

Visitas íntimas y violencia

Otra de las situaciones incorporadas al expediente está vinculada con las visitas íntimas. La sospecha es que algunos encuentros se habrían permitido al margen del régimen establecido y a cambio de pagos. De acuerdo con la investigación, las sumas exigidas habrían oscilado entre 50.000 y 70.000 pesos por encuentro. La Justicia procura establecer quiénes recibían esos fondos y si los pagos se hacían directamente o mediante transferencias de familiares y allegados de los detenidos.

El expediente también contempla una línea por presuntos golpes contra determinados internos. Siempre según la hipótesis judicial, uno de los policías investigados habría recurrido a otros detenidos para que ejercieran violencia contra compañeros de alojamiento, con el objetivo de obligarlos a pedir dinero a sus familiares. La sospecha indica que, después de esas presuntas agresiones, los allegados realizaban transferencias y parte de esos fondos habría terminado en poder del funcionario investigado.

En este punto, los investigadores buscan determinar quiénes habrían intervenido, de qué manera se distribuía el dinero y cuál habría sido la participación concreta de cada persona.

Qué delitos se investigan

La causa se tramita provisoriamente por cohecho pasivo, apremios ilegales a presos, extorsión y encubrimiento agravado por la condición de funcionario público, en concurso real.

Los hechos investigados se habrían registrado entre enero y junio de 2026. Sin embargo, el juzgado procura establecer si las presuntas maniobras comenzaron antes de ese período, si participaron otros efectivos o internos y qué cantidad de dinero habría circulado en el marco de las distintas situaciones bajo investigación.