La Justicia lo condenó, la Policía no lo encuentra y su ex vive con un custodio adentro de la casa

Jonathan Fabián Ulloa, alias "el Tanke", tiene una condena condicional, un pedido de captura vigente y sigue mandando mensajes desde el anonimato. Mientras tanto, su expareja duerme con un policía adentro de su vivienda.

La Subsecretaría de las Mujeres de Neuquén realizó este miércoles una denuncia pública inédita en ocho años. En una conferencia de prensa en la Casa Integral de las Mujeres Aliwenko, las trabajadoras mostraron carteles con la foto y el nombre de un hombre al que consideran un potencial femicida.

Se trata de Jonathan Fabián Ulloa, apodado "el Tanke", quien acumula 32 incumplimientos a medidas de protección, 15 quebrantamientos de reglas de conducta y una condena en suspenso. A pesar de ello, según denunciaron, continúa hostigando a su expareja, madre de una de sus hijas.

"No lo puede encontrar la Policía ni la Justicia", exclamó Alejandra Oehrens, subsecretaria del área, al encabezar la actividad. La funcionaria pidió a los medios presentes que difundan la identidad de Ulloa, convencida de que la mujer corre riesgo de muerte.

El caso es uno de los 93 que la dependencia asiste entre septiembre y octubre bajo la clasificación de "código rojo", reservada para situaciones de riesgo extremo de femicidio.

Una condena que no alcanzó

El expediente por violencia de género se abrió en julio de 2025 en el Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N.º 6, a cargo de la jueza Adriana Luna. Allí se dictaron medidas cautelares, entre ellas un dispositivo dual de monitoreo.

Tras una serie de incumplimientos, el 19 de febrero de 2026 el juzgado dio intervención al Ministerio Público Fiscal y se inició una causa penal. A Ulloa se le formularon cargos por tres hechos de amenazas y doce de desobediencia a órdenes judiciales. Se fijaron cuatro meses de investigación y se le dictó prisión preventiva por dos meses, considerando el riesgo para la víctima, el peligro de fuga y el entorpecimiento de la causa.

El 3 de julio de 2026, mediante un juicio abreviado, se homologó un acuerdo entre la Fiscalía, la Defensa y la querella que representa a la Subsecretaría de las Mujeres. Ulloa recibió una pena de dos años de prisión de ejecución condicional, la obligación de no cometer nuevos delitos por cuatro años y el cumplimiento de reglas de conducta.

Sin embargo, desde julio a la fecha el hombre habría vuelto a contactar a la mujer a través de redes sociales. La Subsecretaría contabiliza más de 15 incumplimientos a las reglas impuestas.

El 9 de octubre se fijó una audiencia para solicitar la revocación de la condicionalidad y el cumplimiento efectivo de la pena. Ulloa no se presentó, se quitó la tobillera electrónica y, a pedido de la fiscalía y la querella, se lo declaró en rebeldía. Desde entonces rige un pedido de captura.

"Tiene vida normal", denuncian

Lo que más indignó a las trabajadoras es que, pese a la orden de detención, Ulloa continúa con su rutina. "Maneja un Uber, incluso se hizo el tatuaje, cómo puede ser que la Policía no lo pueda encontrar", señaló Oehrens.

La funcionaria contó que hasta hace poco el prófugo estuvo alojado en un domicilio a la vuelta de la Comisaría 16. Y agregó que sigue enviando mensajes y fotos a su expareja. Una semana atrás, según precisó, le mandó la imagen de un tatuaje con la frase: "siempre serás tu hasta que mi corazón deje de latir".

El historial incluye episodios de extrema gravedad. Según la denuncia, Ulloa ingresó al domicilio de la víctima cuando había una consigna policial en la puerta y fue detenido cuando intentaba acceder a la vivienda con un bidón de nafta.

Ante el riesgo inminente, la Justicia dispuso una medida excepcional a cargo de la Comisaría 19: un efectivo policial permanece adentro de la casa de la mujer las 24 horas. "Tiene consigna policial adentro del domicilio", confirmó Oehrens.

La situación es inversa a la que cabría esperar: el agresor está libre y la víctima vive custodiada. "Está encerrada en la casa con sus hijos, sin poder salir ni a comprar pan", describió la subsecretaria.

"Para llegar al fuero penal las mujeres tienen que estar casi muertas"

Las trabajadoras de la Subsecretaría cuestionaron la falta de coordinación entre los organismos estatales. "Los organismos intervinientes no hacen nada para dar con él, tanto el Ministerio de Seguridad como la Oficina de Mujeres se tiran la culpa entre ellos", reclamaron.

Oehrens fue más allá: "Para llegar al fuero penal las mujeres tienen que estar casi muertas". Y advirtió que la situación no se limita a este caso, sino que incluye a víctimas de todos los estratos sociales, incluso "parejas de empresarios poderosos".

El área Legal inició 16 nuevos expedientes judiciales solo en septiembre y octubre. Además, 20 causas presentan retrasos judiciales. "Entre lo que demoran en resolver instancias judiciales las medidas de protección se interrumpen y las mujeres quedan vulnerables", explicó la funcionaria.

En ese período, la dependencia asistió a 79 mujeres en código rojo. De ellas, 19 fueron derivadas a atención psicológica, otras recibieron acompañamiento de Trabajo Social y 16 situaciones fueron judicializadas. Ninguna tiene empleo formal y el 90% está a cargo de niños y niñas.

La denuncia también apunta a los ministerios de Educación y Salud. Según las trabajadoras, muchas víctimas padecen "enfermedades contagiadas por las reiteradas violaciones" y algunas desarrollaron enfermedades terminales. "Tienen cáncer y no pueden tomar los medicamentos, no tienen recursos", señalaron.

La persecución constante del agresor limita cualquier posibilidad de inserción laboral. "No tienen oportunidad de trabajar si tienen patrulleros en las puertas de las casas. ¿Quién las va a querer tomar en un trabajo si están siendo perseguidas todos los días por sus exparejas? El círculo de violencia las encierra", reflexionó una de las funcionarias.

El impacto psicológico es otro frente. Mencionaron intentos de suicidio, como el caso de Natalia Vilte, quien se quitó la vida tras un intento de femicidio y fue recordada por sus amigas durante la conferencia.

Las trabajadoras admitieron que hacer pública la situación las expone a riesgos, pero sostuvieron que llegaron a un límite. "Ya pasamos la instancia de hablar de las capacitaciones en derechos. Ahora estamos al borde de que Ulloa mate a esta mujer", concluyeron.