La Justicia los condenó por tres muertes y ahora investigan por qué se desprendieron de sus propiedades

Una pareja condenada por un triple homicidio culposo en San Juan está bajo la lupa de la Justicia por supuestamente desprenderse de sus bienes para no pagar la indemnización millonaria que les fijaron. La fiscalía sospecha que vendieron y donaron propiedades mientras avanzaba el reclamo civil en su contra.

El fiscal Atilio Yanardi, de la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos y Estafas, pidió este lunes la formalización de José Oscar Muñoz y Teresa Elizabeth Scalise, señalados como presuntos coautores del delito de insolvencia fraudulenta. El juez Alberto Caballero —el mismo que los condenó en el juicio abreviado por el homicidio— tomó el caso y dispuso un cuarto intermedio hasta este martes.

El antecedente: tres muertes por monóxido de carbono

La historia arranca con una condena del 10 de abril de 2024. En esa causa, ambos recibieron tres años de prisión condicional y seis de inhabilitación especial por homicidio culposo agravado por la cantidad de víctimas fatales.

La pareja había alquilado temporalmente un departamento monoambiente a dos chicas trans y a una adolescente de 17 años. Las tres aparecieron sin vida por inhalación de monóxido de carbono.

El inmueble contaba con cocina, calefactor y calefón a gas, pero los artefactos se habían instalado sin las habilitaciones ni las medidas de seguridad exigidas. Tampoco había rejillas de ventilación. Las jóvenes fueron halladas fallecidas a las cinco de la madrugada del 12 de agosto de 2023 en una vivienda de calle Entre Ríos al 339 norte, en Capital.

La demanda civil y las operaciones bajo sospecha

Después de la sentencia penal, Lorena Marta Otárola —por derecho propio y en representación de los intereses derivados de la muerte de su hija menor— inició una demanda por daños y perjuicios. La Justicia civil hizo lugar al reclamo y condenó a la pareja a pagar una indemnización con los intereses correspondientes.

Según la hipótesis fiscal, mientras tramitaba ese reclamo, Muñoz y Scalise habrían hecho dos movimientos patrimoniales que podrían haber entorpecido el cobro de la deuda.

El primero se concretó el 16 de abril de 2025: vendieron un inmueble por $176.000.000 a Carlos Sebastián Albano Reinuaba y Lorena Stefania Saladino Mora.

El segundo ocurrió el 23 de junio de 2025, cuando donaron a sus hijos una propiedad ubicada en Esteban Echeverría 460 Norte, en Capital.

Para la fiscalía, estas operaciones podrían haber tenido como finalidad impedir o dificultar que la damnificada cobrara la indemnización reconocida en la Justicia. La acusación fue encuadrada provisoriamente en el delito de insolvencia fraudulenta, previsto en el artículo 179, segundo párrafo, en función del artículo 45 del Código Penal.

En el expediente interviene el abogado querellante Eduardo Sait, en representación de Otárola, mientras que la defensa de los investigados está a cargo de Andrés Bertagna. La responsabilidad penal de Muñoz y Scalise por este nuevo hecho deberá determinarse durante el proceso.