La Justicia los protegió, pero igual se llevaron las 15 plantas: quién estaba de guardia

Un cultivo de cannabis medicinal resguardado por orden de la Justicia Federal en Bella Vista fue saqueado durante la madrugada del domingo. La fundación a cargo denunció el robo de unas 15 plantas y apuntó contra el policía que debía custodiarlas.

El hecho ocurrió en un invernadero que la Fundación Bendita Planta mantiene en Bella Vista, Tucumán. Según la denuncia presentada ante la Justicia Federal, personas desconocidas ingresaron al predio y se llevaron los ejemplares, a pesar de que el lugar contaba con una consigna policial permanente dispuesta por el juez José Manuel Díaz Vélez.

Los abogados Patricio Char y Candelaria Hernández firmaron la presentación y cuestionaron con dureza la actuación del efectivo. Según relataron, el agente reconoció haber escuchado ruidos y ladridos cerca del invernadero, pero no acudió de inmediato a verificar qué pasaba.

El modus operandi que dejó al descubierto la falta de reacción

De acuerdo con el escrito judicial, los intrusos rodearon la estructura y accedieron por la parte trasera. “Levantaron un plástico, retiraron la doble red y arrancaron de raíz unas 15 plantas”, describieron los letrados.

La denuncia sostiene que los autores tuvieron tiempo suficiente para entrar, elegir los ejemplares y retirarse sin ser interceptados. El policía, según la versión de los denunciantes, se encontraba en un quincho a unos 20 metros del invernadero, donde se había resguardado de la lluvia. Recién después inspeccionó la zona y encontró el plástico levantado y el interior alterado.

Los abogados se preguntaron por qué no se logró identificar ni detener a los responsables y señalaron que la consigna no cumplió su función.

De allanamiento a custodia judicial: la historia del cultivo

El origen del caso se remonta a septiembre, cuando la División Drogas Peligrosas de Bella Vista detectó una plantación de cannabis en una vivienda. En ese operativo se encontraron unas 200 plantas en un invernadero y se demoró a los dueños del inmueble: un hombre de 75 años y su pareja de 67.

Tras el procedimiento, los responsables de la Fundación Bendita Planta se presentaron ante la Justicia Federal para explicar que cultivaban cannabis medicinal para terceros y que contaban con la documentación respaldatoria. La figura del tercero cultivador permite, bajo condiciones legales y autorizaciones, producir cannabis para tratar a otras personas.

Ante los papeles presentados, el juez Díaz Vélez ordenó que no se interrumpieran el riego ni las tareas de conservación de las plantas, y dispuso una custodia policial permanente hasta que se resolviera la causa.

La confianza quebrada y la difusión de la dirección

Los representantes de la fundación también pusieron el foco en la seguridad de los habitantes de la vivienda. Explicaron que, antes de que se instalara la consigna, los propietarios solían revisar el terreno cuando los perros ladraban. Pero dejaron de hacerlo porque entendían que la vigilancia había quedado en manos del personal policial.

“Confiaron en que el Estado, que había asumido la custodia, la ejercería. Esa confianza fue defraudada”, expresaron los abogados en el escrito.

Además, cuestionaron que el Ministerio de Seguridad de Tucumán hubiera difundido públicamente la dirección del inmueble en sus redes sociales. Para los denunciantes, esa exposición pudo haber facilitado el robo y representa un riesgo para quienes viven allí. Se trata de un planteo de la parte denunciante, no de una responsabilidad establecida judicialmente.

El golpe a los pacientes y el futuro de la causa

El robo no solo significó una pérdida económica para la fundación. Según sus integrantes, también afectó a los pacientes vinculados al cultivo, ya que cada planta estaba destinada a un tratamiento medicinal.

“Se destruyó el trabajo de mantenimiento y el esfuerzo económico de los pacientes titulares de cada planta, cuyo fin es medicinal, y se frustró la conservación del material como elemento de prueba”, sostuvieron en la presentación.

La situación se da en un contexto de dificultades para obtener o renovar las autorizaciones administrativas que denuncian distintos productores de cannabis medicinal. Mientras algunas organizaciones sostienen que las demoras en los trámites no deberían derivar automáticamente en procedimientos penales, las autoridades remarcan que el cultivo debe realizarse con habilitaciones vigentes y conforme a la legislación aplicable.

Ahora la Justicia Federal deberá esclarecer cómo se produjo la sustracción y determinar las eventuales responsabilidades.