La Justicia no cierra el caso Escuela 25: la edad de la alumna no es el único dato que mira la causa

La investigación por la amenaza de un posible ataque en el Colegio Secundario N° 25 de Río Gallegos entró en una etapa decisiva, y la edad de la adolescente vinculada al episodio no alcanza para cerrar el expediente. La estudiante tiene 13 años y queda por fuera del nuevo Régimen Penal Juvenil, pero los interrogantes sobre lo ocurrido siguen abiertos.

El caso tomó estado público cuando comenzaron a circular conversaciones entre estudiantes que encendieron las alarmas en la comunidad educativa. Desde entonces intervinieron las autoridades escolares, organismos provinciales y la Justicia, que activaron medidas para esclarecer los hechos y proteger a los menores involucrados.

Por qué la edad cambia el escenario judicial

La Ley 27.801, que establece el nuevo Régimen Penal Juvenil, se aplica a adolescentes desde los 14 años y hasta antes de cumplir los 18. Como la estudiante tiene 13, ese esquema no le corresponde. La normativa comenzó a regir este mes y modificó de lleno el sistema penal juvenil argentino.

Sin embargo, que una de las protagonistas esté por debajo de esa franja etaria no significa que todo lo ocurrido alrededor del episodio deje de investigarse. La Justicia deberá reconstruir cómo se originaron los mensajes que generaron alarma, cuál fue su alcance real y si hubo participación de terceros.

La incógnita sobre otras personas

Ese último punto puede modificar por completo el escenario judicial. La investigación deberá establecer si todo se limitó a expresiones de la adolescente o si hubo otras personas que participaron, colaboraron o incentivaron los mensajes.

Si aparece un adolescente de 14 años o más, su situación sería distinta porque ya quedaría comprendido dentro del nuevo régimen penal juvenil. También cambiaría el panorama si surgiera algún adulto involucrado.

Por eso, la edad de la estudiante no resuelve por sí sola todos los interrogantes que dejó el caso.

Qué puede ocurrir ahora

La primera definición es clara: por su edad, la adolescente de 13 años no queda comprendida dentro del régimen penal que se aplica desde los 14. Pero la Justicia todavía debe determinar qué ocurrió realmente, hasta dónde llegaron las amenazas y si existió intervención de alguna otra persona.

La propia legislación penal juvenil establece una protección estricta sobre la identidad de niños y adolescentes involucrados en procesos judiciales y prohíbe difundir datos que permitan identificarlos.

Aunque una de las principales protagonistas del episodio esté por debajo de la edad prevista por el nuevo régimen, el caso de la Escuela 25 todavía no está cerrado.