La Justicia ordena un pago millonario que sacude el mundo del arbitraje argentino

Una sentencia judicial condenó a tres figuras del arbitraje a pagar cientos de millones de pesos por daño moral, destapando una guerra interna que lleva años y que involucra a la AFA. El Juzgado Civil N°33 falló a favor de Guillermo Marconi, secretario general del Sindicato de Árbitros de la República Argentina (SADRA), en una demanda contra Sergio Pezzotta, líder de la Unión de Árbitros Deportivos de Argentina (UADA), y los árbitros en actividad Carlos Mihura y Juan Carlos Del Fueyo.

La condena impone una reparación de 337 millones de pesos a favor de Marconi, más otros 70 millones en costas, actualizados con intereses. Los tres condenados ya anunciaron que apelarán la medida dictada por el juez Horacio Alejandro Liberti.

¿Cómo comenzó el conflicto?

El origen del litigio se remonta a julio de 2019, cuando Mihura y Del Fueyo presentaron una denuncia penal contra Marconi por sus manejos en el gremio. Como prueba de sus acusaciones, los árbitros presentaron “dichos de Pezzotta”. Sin embargo, siete meses después, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 49 solicitó el sobreseimiento de Marconi, argumentando que “los hechos que se le imputaron no existieron”.

Fue esta resolución judicial la que habilitó a Marconi a iniciar la demanda por daño moral, buscando una indemnización por lo que consideró una denuncia infundada. Mihura y Del Fueyo eran afiliados al SADRA y formaron parte de un éxodo masivo de alrededor de 900 árbitros que abandonaron el sindicato.

La interna que divide a los árbitros

Este movimiento de árbitros fue alentado desde la Asociación del Fútbol Argentino, específicamente a través de su tesorero, Pablo Toviggino, quien hoy se encuentra investigado por la Justicia. La interna sindical es profunda: por un lado está el SADRA, liderado por Marconi, y por el otro la UADA, encabezada por Pezzotta.

Pezzotta, quien podría enfrentar un embargo por la sentencia, llegó a la conducción de UADA con el apoyo explícito de Toviggino durante la gestión de Alberto Fernández. De hecho, el Ministerio de Trabajo de esa administración le otorgó el reconocimiento oficial a la UADA en agosto de 2023. El objetivo político detrás de esta movida, según se desprende del conflicto, era debilitar al histórico gremio de Marconi.

Las consecuencias para los árbitros que se mantuvieron leales al SADRA fueron concretas: dejaron de ser designados para los partidos de todas las categorías. El propio Marconi, de 78 años, presentó múltiples denuncias por esta situación, incluso ante el ex INADI, por “discriminación de los árbitros” del interior del país. La AFA ha perdido varios juicios laborales millonarios por estas prácticas.

Los actores clave en la sombra

El directorio del SADRA incluye a varias caras conocidas del fútbol, como Andrés Merlos, uno de los árbitros de Primera División más cuestionados, quien ocupa el cargo de secretario gremial. También lo integran Pablo Echavarría, Jorge Baliño y Silvio Trucco, entre otros.

Del otro lado, una figura central es Federico Beligoy, Director Nacional de Arbitraje de la AFA y, al mismo tiempo, secretario general de la Asociación Argentina de Árbitros (AAA). Beligoy es considerado un hombre de confianza del presidente de la AFA, Claudio Tapia, y de Pablo Toviggino, y es quien tiene a su cargo la designación de los árbitros para cada fecha.

Además, Beligoy es sujeto de investigación por un caso separado relacionado con la importación de zapatos a través del polémico Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), durante la gestión de Sergio Massa y Matías Tombolini en el Ministerio de Economía.

La tensión escaló aún más en noviembre, cuando el SADRA denunció formalmente a la AFA ante el Ministerio de Trabajo por presuntos “arbitrajes manipulados” e “irregularidades”. Este fallo judicial millonario no hace más que echar leña al fuego de una pulseada que trasciende lo gremial y se adentra en los pasillos del poder del fútbol argentino.