La Justicia ordenó al Gobierno recomponer ya el presupuesto universitario

En un fallo que sacude al gobierno, el juez federal Martín Cormick hizo lugar a la medida cautelar presentada por la UBA y declaró inaplicable la suspensión de la ley de financiamiento educativo. La decisión, que se conoció minutos antes de que comenzara la paritaria docente universitaria en el Palacio Pizurno, obliga al Ejecutivo a cumplir de inmediato con varios artículos de la norma.

El magistrado, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, consideró que la conducta del Gobierno de Javier Milei implica “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”. En ese sentido, ordenó al Ministerio de Educación a ejecutar los artículos 4, 5, 6 y 7 de la ley, que establecen la actualización del presupuesto, los salarios, las becas y los gastos de funcionamiento de las universidades públicas según la variación del IPC del INDEC, con paritarias trimestrales.

“Es un fallo muy importante porque reconoce que deben cumplir con la ley, más allá de los acuerdos paritarios. No confiamos en la propuesta que nos vayan a hacer ahora pero venimos a escuchar y analizaremos los pasos a seguir”, aseguraron los representantes gremiales al ingresar a la sede educativa esta mañana.

El origen del conflicto

La resolución llega tras el amparo que presentó la UBA el 29 de octubre del año pasado contra el DNU que promulgaba la ley de financiamiento universitario pero suspendía materialmente su ejecución. La Universidad sostuvo que ese decreto era ilegítimo y arbitrario, y que afectaba derechos vinculados con la educación y la salud, además de poner en riesgo la continuidad de las funciones de docencia, investigación, extensión y asistencia sanitaria.

La ley había sido sancionada por el Congreso, luego vetada por el Presidente y finalmente ambas cámaras rechazaron la decisión. Por lo tanto, la norma debía ser promulgada y ejecutada, sin que el Ejecutivo pudiera volver a impedir su aplicación mediante un decreto. La UBA insistió en que el Gobierno no podía usar un decreto para suspender la eficacia de una ley que el Congreso había ratificado frente al veto presidencial.

En el escrito, la Universidad calculó una pérdida cercana al 40% del poder adquisitivo de los salarios y un ajuste real del presupuesto destinado a funcionamiento del orden del 50%. Frente a eso, el juez consideró que existen “perjuicios graves de imposible reparación ulterior” en el deterioro de los ingresos del personal y en el acceso a la educación de los estudiantes. También señaló la situación presupuestaria concreta de la UBA y la afectación de áreas como hospitales, investigación, extensión y funcionamiento universitario.

La orden judicial exige que el Estado ejecute partidas y cumpla las obligaciones previstas por la ley. La decisión va en línea con lo planteado por la Corte Suprema en junio, cuando rechazó el recurso extraordinario del Estado. Por eso, el juez explicó que la cautelar de la UBA se concede “en idéntico sentido y criterio” que la dictada en el expediente del Consejo Interuniversitario Nacional.