La Justicia otra vez frenada: el juicio por los certificados truchos que involucra a 120 policías no arranca

El megaproceso por los certificados médicos apócrifos en la Policía de Río Negro volvió a chocar contra una pared. La audiencia de este viernes en Viedma fue suspendida por la ausencia de un defensor, y la causa que lleva dos años acumulando demoras sigue sin poder formular cargos.

El juez Adrián Dvorzak, al frente de la Sala Anexo del Poder Judicial, no ocultó su fastidio por los constantes tropiezos y lanzó un pedido directo a todas las partes: que pongan voluntad para destrabar un expediente que ya es considerado inédito en el país.

¿Por qué volvió a suspenderse?

La convocatoria era para este viernes, con el fiscal jefe Juan Pedro Peralta, el fiscal Francisco Marano y los defensores Silvio Fernando Garrido, Omar Rubén Jurgeit, Santiago Silva y Diego Broggini. Pero Broggini no se presentó: tenía otra audiencia en Cipolletti, y dos de sus asistidos estaban incluidos en la lista de imputados.

Sin el abogado presente, la asistencia técnica no estaba garantizada y el juez consideró que no se podía avanzar. Así, la formulación de cargos quedó otra vez en suspenso, sumando un nuevo capítulo a una historia judicial que no termina de arrancar.

Los defensores, además, habían presentado escritos pidiendo que primero se traten excepciones y cuestiones preliminares, en línea con lo acordado en una audiencia anterior. Ese planteo, sumado a la necesidad de coordinar agendas de decenas de imputados, convirtió la organización en un rompecabezas.

“Es inédito en el país”

La magnitud del caso es abrumadora: más de 120 efectivos imputados, alrededor de 17 abogados defensores y un expediente que el Ministerio Público Fiscal decidió dividir en 9 legajos para manejarlo por tandas de entre 20 y 25 acusados.

“Son casi 130, 140 personas. Hay alrededor de 17 abogados defensores. Es inédito creo que en el país semejante cantidad de gente en un solo legajo”, sostuvo el magistrado durante la audiencia.

El juez fue contundente al señalar que la investigación lleva dos años y que las demoras no benefician a nadie, ni siquiera a los propios imputados. “Necesitan un poquito más de voluntad de todos como para que esto no se siga dilatando más en el tiempo, inclusive en beneficio de los propios asistidos”, expresó.

También dejó en claro que no permitirá que los planteos procesales paralicen indefinidamente el avance del expediente. El objetivo, dijo, es que la investigación pueda formalizarse y que las personas involucradas tengan certeza sobre su situación judicial.

Los hechos que originaron la megacausa

La denuncia fue impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck junto al fiscal de Estado Gastón Pérez Estevan y su adjunto Luciano Minetti Kern, con la querella a cargo de Federico Rosbaco. El origen: sospechas sobre el uso de certificados médicos apócrifos para justificar inasistencias laborales dentro de la fuerza.

Lo que comenzó como una investigación puntual contra tres agentes creció de manera exponencial a medida que aparecieron nuevos elementos. Hoy son más de 120 los efectivos alcanzados, y la causa obligó a conformar un equipo especial con las fiscales Mariana Giammona, Candelaria Molineaux y el fiscal Francisco Marano.

Las próximas audiencias están fijadas para mediados de septiembre, con una dinámica definida para evitar nuevos planteos. La expectativa es que, esta vez, el juicio finalmente pueda comenzar a tramitarse.