La justicia pampeana al límite: los defensores advierten que ya no dan abasto

La Asociación de Defensores, Defensoras y Asesoras y Asesores Públicos de La Pampa salió a respaldar el reclamo que viene impulsando el Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJ) y encendió una nueva alarma: las dependencias civiles y penales de toda la provincia estarían funcionando al borde del quiebre.

Mediante un comunicado firmado por su presidente, Walter Vaccaro, la entidad sostuvo que quienes trabajan en la Defensa Pública conocen de cerca la situación que denuncia el gremio y describió el panorama como un estado de “colapso operativo y desgaste extremo”.

Sin presupuesto y con más causas

El documento apunta a un problema de fondo: la creación de nuevas dependencias no habría venido acompañada de las partidas presupuestarias necesarias para sostenerlas. Para la asociación, esa práctica profundiza la precarización y deja desprotegidos tanto a los usuarios del servicio como a los propios equipos de trabajo.

“La creación de nuevas dependencias sin la correspondiente asignación presupuestaria no hace más que profundizar la precarización. Esta práctica desprotege tanto a los usuarios del servicio como a los equipos de trabajo, que deben absorber un volumen creciente de causas y de demandas humanas complejas sin los recursos humanos mínimos indispensables”, señalaron desde la entidad.

En ese marco, remarcaron que las defensorías son la primera línea de contención y acceso a la justicia para las familias en situación de mayor vulnerabilidad social, un rol que se vuelve cada vez más difícil de sostener con la estructura actual.

El costo en la salud de los trabajadores

El comunicado también pone el foco en las consecuencias sobre el personal. La alta exigencia diaria y la atención personalizada a sectores vulnerados repercutirían directamente en el bienestar de los empleados del sector.

Según indicaron, la sobrecarga sostenida genera un impacto perjudicial en la salud psicofísica de trabajadoras y trabajadores en circunscripciones clave como General Pico, Santa Rosa y General Acha.

Frente a este escenario, la Asociación de Defensores y Asesores se sumó de manera unánime a la denuncia del sindicato y reclamó a los órganos decisores una respuesta estructural, no parches.

“Garantizar la salud y las condiciones de trabajo dignas para quienes integramos la Defensa Pública es condición indispensable para garantizar el derecho humano fundamental de acceso a la justicia de toda la ciudadanía pampeana”, concluyeron.