La Justicia Penal Juvenil ya cambió en el Chaco: qué pasará con los chicos de 14 y 15 años

La entrada en vigencia de la Ley Nacional 27.801 transformó el abordaje de los adolescentes que cometen delitos en el Chaco y Corrientes. La norma amplió la intervención del sistema penal juvenil y obligó a las provincias a readecuar sus mecanismos procesales. En territorio chaqueño, la aplicación convive con la Ley Provincial 2951-N, que ya regulaba el procedimiento penal juvenil.

El cambio más inmediato es la incorporación de jóvenes de 14 y 15 años al sistema, lo que amplió el universo de casos sobre los que debe intervenir la Justicia. La provincia cuenta con 18 estrados con competencia penal juvenil y durante los meses previos se realizaron capacitaciones para preparar a los operadores judiciales.

La jueza de Niñez, Adolescencia y Familia 4, Vilma Almirón, explicó que para delitos leves pueden aplicarse medidas de orientación, protección o libertad vigilada, mientras que los hechos de mayor gravedad habilitan intervenciones más intensas. En los casos que requieren privación de la libertad, el dispositivo disponible es Aldea Tres Horquetas, donde según la magistrada había entre 10 y 11 jóvenes alojados, con capacidad para unos 25.

El gobierno provincial anunció además la construcción de dos unidades penales para menores en conflicto con la ley, una en Resistencia y otra en Sáenz Peña, como parte de la adecuación institucional.

Corrientes y un sistema transitorio

Corrientes avanza con un esquema propio. Desde el pasado 1 de septiembre funciona un Sistema Transitorio de Justicia Penal Juvenil, que incorporó operadores específicos, procedimientos diferenciados de los adultos, plazos más breves y herramientas de justicia restaurativa.

El juez de Familia, Niñez y Adolescencia 5 de Corrientes, Edgardo Frutos, analizó el nuevo escenario en diálogo con Radio Unne. «No olvidemos que quien comete es una persona en desarrollo, un sujeto que está formando y construyendo su personalidad. Si solamente lo que hacemos con el adolescente es privarlo de libertad, no solucionamos el problema», enfatizó.

Para el magistrado, la incorporación de adolescentes más jóvenes obliga a evitar una reproducción automática del procedimiento de adultos. «El sistema de justicia procesal juvenil incorpora la designación de operadores específicos», explicó, y agregó que el modelo apunta a intervenir sobre las circunstancias que rodearon al delito y no solo sobre la sanción.

Entre las alternativas mencionó la mediación, la conciliación, la reparación y otros mecanismos de la justicia restaurativa. Aclaró que recurrir a esas herramientas no implica abandonar la investigación ni dejar impune un delito. «La idea principal es tomar a la víctima y sacar al adolescente del delito. La finalidad es socioeducativa y restaurativa», sintetizó.

El dato que marca la discusión

Frutos aportó una cifra que, según su análisis, refuerza la insuficiencia de una respuesta exclusivamente punitiva: «el 90% de los adolescentes que cometen delitos son personas con consumo problemático». Para el juez, los consumos atraviesan otras situaciones de vulnerabilidad y constituyen una de las cuestiones sobre las que deberá intervenir el Estado si pretende reducir la reiteración delictiva.

«Obviamente, la delincuencia está atravesada por esa situación. Por eso el foco de la ley es que se tenga esa mirada que la vamos a ir articulando con distintos organismos de manera mancomunada», sostuvo. Y diferenció ese abordaje de «un derecho penal puro, un derecho penal de adulto que solamente se investiga y es lineal hacia una sanción penal». «En el adolescente no se puede. En el adolescente hay que trabajar amplio y con el entorno», remarcó.

La intervención estatal, según esta concepción, no termina con una resolución judicial: debe alcanzar también a la familia, el sistema sanitario, la escuela, los organismos de protección y el entorno comunitario del adolescente.

Un sistema que recién empieza

En Corrientes, mientras se completa la estructura especializada, los jueces de Familia, Niñez y Adolescencia asumirán transitoriamente funciones del nuevo régimen. El Superior Tribunal de Justicia avanzó en acciones de fortalecimiento de operadores junto a Unicef, y el juez reconoció que aún resta articular protocolos con las distintas áreas. «Esto recién comienza. Estamos dialogando con las distintas áreas», admitió.

En el Chaco, la adecuación se realiza sobre una estructura procesal juvenil que ya estaba en funcionamiento, con 18 estrados y organismos judiciales que comenzaron a unificar criterios.

Frutos reconoció que todavía es difícil anticipar el impacto real. «Todavía estamos en el diagnóstico, el panorama es especulativo porque no sabemos qué va a pasar», señaló. Pero planteó con claridad el objetivo final: evitar que el paso de un adolescente por la Justicia se convierta en el primer eslabón de una sucesión de ingresos al sistema penal. «El objetivo es evitar que el chico siga con esa tendencia delictiva», resumió.