La Justicia pone la lupa en los testigos de la causa por las tierras de la ex Parquetera

La Sala C del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa se traslada hoy al Juzgado de Paz de Eduardo Castex para tomar declaración a los testigos propuestos por las partes en una demanda que reclama la propiedad de los terrenos donde funcionó el emprendimiento "La Parquetera", hoy ocupados por un barrio de viviendas sociales.

El demandante, Jorge Sallocco, sostiene que compró el inmueble en 2010 a un vecino de la localidad. Ese vecino, Carlos Bravo, había sido empleado de la antigua parquetera de los Schtjman y resultó adjudicatario de los terrenos en una subasta judicial de 1995, tras un reclamo laboral. Un año después, en 1996, fue puesto en posesión del bien.

El abogado defensor Espartaco Massucco Guarrochena aclaró que la demanda no afectará a los adjudicatarios de las viviendas sociales. "El reclamo está dirigido contra la actuación administrativa municipal", afirmó.

El origen del conflicto

La controversia se desató cuando la Municipalidad de Castex avanzó con un procedimiento de prescripción adquisitiva administrativa, alegando que ejercía la posesión del inmueble desde 1990.

"Ese es justamente uno de los puntos centrales que cuestionamos, porque existen actuaciones judiciales de 1994, 1995 y 1996 que, según nuestra posición, contradicen esa posesión invocada", planteó el letrado santarroseño.

La vieja parquetera dejó de funcionar en los años 90. Bravo inició entonces un reclamo laboral que derivó en la subasta judicial y en la posterior entrega del inmueble. En 2010 lo vendió a Sallocco, oriundo de la provincia de Buenos Aires, con un boleto de compraventa de firmas certificadas y constancias de pago de obligaciones que pesaban sobre el bien, como un juicio de apremio y tasas municipales. Sin embargo, la transmisión dominial nunca se perfeccionó mediante escritura e inscripción en el registro.

"Vicios graves" en el procedimiento

Massucco Guarrochena explicó que la demanda cuestiona la validez de las resoluciones administrativas porque, a su entender, "existen vicios graves en elementos esenciales" en los trámites de prescripción realizados bajo el régimen de las leyes nacionales 21.477 y 24.320.

El abogado remarcó que durante el procedimiento administrativo no se notificó ni a Bravo ni a Sallocco, y que también se discute la prueba usada para sostener la posesión del inmueble, ya que "entre 1994 y 1996 el inmueble atravesó un proceso de ejecución, subasta y entrega judicial".