La Justicia provincial tendrá la última palabra sobre el vaciamiento de Adhemar Capital

Tras casi un año de disputas entre la Justicia Federal y la provincial, la investigación por la presunta insolvencia fraudulenta vinculada a Edgar Adhemar Bacchiani y Adhemar Capital SRL quedó definitivamente en manos de la Fiscalía de Instrucción Nº 8 de Catamarca, a cargo de Juan Manuel Sánchez Ruiz.

El expediente deberá determinar si, cuando la firma ya no podía pagar a sus inversores, se realizaron maniobras para ocultar, transferir o desprenderse de bienes —inmuebles, dinero o criptomonedas— con el fin de evitar que esos activos fueran utilizados para responder ante los acreedores. En otras palabras, el fiscal tendrá que establecer si Bacchiani y su entorno "vaciaron" el patrimonio antes de que la Justicia pudiera embargarlo.

El derrotero judicial

La causa fue objeto de una disputa de competencia entre ambos fueros que comenzó el año pasado y terminó en julio. El puntapié inicial fue un dictamen de la Fiscalía Federal de Catamarca. La cronología fue la siguiente:

En mayo de 2025, el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz firmó el dictamen Nº 3225, en el que formuló requerimiento de instrucción contra Edgar Bacchiani, Zaraive Garcés Rusa y Gustavo Aparicio por "insolvencia fraudulenta en concurso ideal con quiebra fraudulenta", con la intención de que el caso se investigara junto con la megacausa penal por estafa.

El 6 de junio de 2025, el juez federal Miguel Ángel Contreras rechazó ese requerimiento y se declaró incompetente. Días después, el 13 de junio, el fiscal provincial Sánchez Ruiz planteó una declinatoria ante el Juzgado de Control de Garantías Nº 4, a cargo de Marcelo Sago, para que la causa se unificara en el fuero federal, donde ya se investigaba a los mismos acusados por hechos con coincidencias objetivas y subjetivas, además de una eventual calificación legal idéntica: insolvencia fraudulenta, presuntamente cometida entre diciembre de 2021 y marzo de 2022. Sago remitió el expediente a la Justicia Federal.

Finalmente, la Cámara Federal de Apelaciones rechazó la apelación de la Fiscalía Federal e hizo lugar al planteo de Contreras, al considerar que la insolvencia fraudulenta no es un asunto de competencia federal. Con ese criterio firme, el 27 de julio de 2026 el expediente fue remitido al Juzgado de Control de Garantías Nº 4, que lo giró a la Fiscalía de Instrucción Nº 8 para que continúe con la investigación.

Un expediente voluminoso

El expediente que llegó a manos del fiscal Sánchez Ruiz consta de 30 cuerpos, cada uno con unas 200 fojas, es decir, alrededor de 6.000 en total. A eso se suman 40 anexos probatorios, equivalentes a la misma cantidad de hechos investigados.

La "megacausa" penal (FTU 42/2021) que seguirá en la órbita federal, en cambio, tiene 125 cuerpos que representan unas 40.000 fojas. Allí hay más de 500 querellas, 82 querellantes y 16 imputados —hasta inicios de 2025— con sus correspondientes estudios patrimoniales.

Si bien la diferencia de escala es considerable, la pieza de insolvencia fraudulenta es un expediente no menos sensible, porque es allí donde se podría determinar qué pasó con el patrimonio que debería responder ante las víctimas de la estafa piramidal.

Según confirmó una fuente judicial a INFORAMA, serán notificados en el marco de esta causa: Edgar Adhemar Bacchiani, fundador y CEO de Adhemar Capital SRL; Zaraive Garcés Rusa, expareja y exsocia; Gustavo Aparicio, supervisor de la Contaduría General de la Provincia, sospechado de haber movido decenas de millones de dólares en billeteras digitales; Carlos Correa, abogado y exasesor legal de la firma; Joaquina Córdoba Gandini, escribana que intervino en las operaciones inmobiliarias de Bacchiani; Lucas Retamozo, abogado vinculado a la administración de sus bienes; Iván Segovia, contador jefe; y los empresarios Alejandro Segli y Luis Gribaudo, entre otros. A ellos se sumarán los demás denunciados en la causa federal.

Los nombres de Correa, Córdoba Gandini y Retamozo ya habían aparecido en 2023 en las declaraciones indagatorias de Bacchiani, quien los señaló como quienes retenían la documentación de buena parte de sus propiedades.

Los montos y bienes en juego

Determinar el volumen patrimonial en discusión es, paradójicamente, una de las partes más difusas del caso, porque buena parte de esos bienes nunca llegó a estar formalmente documentada a nombre de Bacchiani.

En una nota publicada por este medio en septiembre de 2023 se relevó que, durante su indagatoria, Bacchiani mencionó al menos 13 inmuebles que aseguró haber pagado íntegra o parcialmente, entre ellos un campo de 39 hectáreas en Valle Viejo, con un proyecto de loteo de 1.000 terrenos valuados en $5 millones cada uno; el loteo "Wika" (8 hectáreas), cuya documentación habría quedado en poder de Correa y Córdoba Gandini; y locales comerciales, un salón de eventos, dúplex y otros lotes, cuya documentación en casi todos los casos habría quedado en manos de los abogados y la escribana.

Lo llamativo es que Bacchiani nunca pudo o quiso acreditar escrituras ni títulos de propiedad sobre ese patrimonio, pese a haber tenido tiempo de sobra, antes de su detención, para resguardar la documentación.

En el plano civil-comercial, la jueza María Virginia Cano condujo los dos procesos de quiebra decretados en 2022, uno sobre Bacchiani como persona física y otro sobre Adhemar Capital SRL. Las cifras conocidas hasta ahora indican que 1.444 personas se presentaron a verificar créditos en ambos procesos, reclamando en conjunto más de $15.000 millones, aunque los síndicos terminaron comprobando cerca de un 30% menos. Se estima que ese universo de demandantes representaría apenas el 25% del total de inversores reales, calculado en unas 6.000 personas. La estafa "en blanco" fue estimada en unos US$50 millones.

De los remates concretados hasta 2023, se subastaron bienes muebles menores y tres inmuebles: un conjunto de lotes en Intendente Lascano (base $75 millones), una propiedad en Sumalao (base $3,7 millones) y una vivienda en calle Henry Saint Clair (base $60 millones), esta última donde residía su expareja Sofía Piña y en donde Bacchiani fue detenido en abril de 2022.

Esta combinación de millones en dinero y bienes inmuebles es justamente lo que la investigación por insolvencia fraudulenta busca esclarecer: si hubo maniobras deliberadas para que ese patrimonio nunca estuviera disponible para los acreedores.

En paralelo, sigue en curso la megacausa penal federal (FTU 42/2021) por estafa, asociación ilícita, lavado de activos e intermediación financiera no autorizada, ya en etapa de juicio oral ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca, aunque aún sin fecha.

Lo que viene

Con el expediente de 30 cuerpos en su poder, la Fiscalía de Instrucción Nº 8 deberá realizar un análisis integral de toda la documentación acumulada y decidir qué medidas de prueba corresponden. Una investigación de esas características requiere la intervención de contadores especializados en procesos de insolvencia y quiebras, además de peritos en criptomonedas y trazabilidad de activos virtuales.

El objetivo es reconstruir el circuito del dinero: de dónde provinieron los fondos, a dónde fueron dirigidos y si hubo maniobras para apartarlos del patrimonio que debería funcionar como garantía de los inversores.

Quedan interrogantes sobre si la Justicia provincial está en condiciones de llevar adelante una pesquisa de semejantes dimensiones sin apoyo de personal experto, si cuenta con ese perfil de profesionales y si habrá colaboración con el fuero federal en cuanto a la prueba ya producida. Por lo pronto, la única certeza es que la Justicia provincial deberá investigar una operación monumental de desapoderamiento de bienes inédita en la historia de Catamarca.