La Justicia quiere saber quién cobra los alquileres de Báez en Río Gallegos
La Justicia Federal de Río Gallegos avanza sobre las propiedades de Lázaro Báez: quién cobra los alquileres y qué destino tiene ese dinero. La defensa del empresario y el pedido de los fiscales, en una causa que suma capítulos.
La causa que investiga el manejo del patrimonio de Lázaro Báez en Santa Cruz sumó un nuevo capítulo luego de que se conocieran parte de sus declaraciones ante la Justicia Federal de Río Gallegos y un pedido de los fiscales para intervenir inmuebles en la capital provincial. El eje es quién cobra los alquileres y qué destino tiene ese dinero.
La defensa de Báez
En la audiencia de formalización de imputaciones, el empresario defendió su relación con los campos alcanzados por medidas judiciales y cuestionó la actuación de los organismos encargados de su custodia. Las declaraciones corresponden al 12 de noviembre y fueron difundidas este jueves 19 por Clarín.
En ese encuentro, el fiscal federal Julio Zárate le preguntó si ratificaba sus referencias a las estancias como propiedades propias. "Sí, para mí es mi campo, nuestros campos", respondió Báez.
El empresario sostuvo que numerosos establecimientos habían quedado sin el resguardo adecuado y afirmó que sus gestiones apuntaban a recuperar información y regularizar la situación de esos bienes. También rechazó las acusaciones de integrar una organización dedicada al lavado de activos.
El pedido de Luciani y Mola
En paralelo, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al Tribunal Oral Federal 2 la designación de un administrador recaudador judicial para controlar inmuebles vinculados a Báez alcanzados por medidas de decomiso en la causa Vialidad.
El planteo, presentado días atrás y cuyos detalles se conocieron el 17 de noviembre, busca establecer quiénes ocupan los inmuebles, cuáles son los contratos vigentes, cuánto se paga por cada alquiler y quién recibe actualmente el dinero.
Uno de los principales puntos de atención es el edificio de Zapiola 55, en Río Gallegos, donde los investigadores identificaron seis unidades funcionales vinculadas al patrimonio del empresario. Según la presentación fiscal, la administración de esas propiedades habría pasado de una inmobiliaria local a una financiera, sin que estuviera determinado quién percibía los alquileres.
El relevamiento también incluye propiedades de Badial SA en Gregorio Funes 840, 850 y 880, otro inmueble situado en Córdoba 45 y un predio de Kank y Costilla SA donde funciona un lavadero.
Qué pasaría con los alquileres si aceptan el pedido
La propuesta de Luciani y Mola contempla inspeccionar las propiedades, identificar a sus ocupantes y verificar los contratos y las modalidades de pago.
En los casos correspondientes, los fiscales pretenden que los inquilinos sean notificados de que los ingresos están sujetos a decomiso y que los pagos deban depositarse directamente en una cuenta judicial, en lugar de continuar bajo administraciones particulares.
La solicitud se fundamenta en información reunida por la investigación federal de Río Gallegos, incluidas comunicaciones telefónicas interceptadas entre septiembre y octubre de 2026.
De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, Báez habría continuado impartiendo instrucciones sobre sus bienes desde el penal de Ezeiza mediante personas de su confianza. Entre los investigados aparece Cristian Sebastián Ibáñez, señalado como presunto operador territorial del empresario.
Dos investigaciones judiciales vinculadas
El pedido de Luciani y Mola se tramita ante el tribunal encargado de ejecutar la condena de la causa Vialidad. Por otra parte, la Justicia Federal de Río Gallegos investiga una presunta organización dedicada al lavado de activos, con un movimiento financiero estimado por la Fiscalía en 390,8 millones de pesos.
Esta última investigación involucra a Báez y a otras personas de su entorno, y tiene puntos de contacto con una causa conexa por narcotráfico.
La decisión pendiente es si el Tribunal Oral Federal 2 aceptará designar un administrador judicial para los bienes señalados y disponer el control directo de los ingresos por alquileres.
Hasta el momento, no se confirmó públicamente una resolución posterior que conceda esa solicitud.