La Justicia reactivó el caso Guardati: cuatro expolicías imputados y uno buscado en Estados Unidos
Cuatro expolicías imputados, tres detenidos y uno buscado en Estados Unidos: la causa por la desaparición de Cristian Guardati en Godoy Cruz volvió a moverse después de más de 34 años. Los detalles que la fiscalía reunió para reactivarla.
La causa por la desaparición de Cristian Guardati, ocurrida en mayo de 1992 en Godoy Cruz, volvió a moverse después de décadas. El Juzgado Federal N° 3 imputó a cuatro expolicías por presunta desaparición forzada: tres quedaron detenidos en Mendoza y el cuarto es buscado en el exterior.
Con estas incorporaciones, la lista de uniformados acusados en el expediente llegó a siete. Pese al avance, la investigación todavía no pudo responder las dos preguntas que arrastra desde hace más de 34 años: qué le pasó al joven y dónde están sus restos.
Qué dice la hipótesis fiscal
Según la reconstrucción de la fiscalía, Guardati había ido a un baile en la escuela Atilio Anastasi de La Estanzuela con amigos. En ese lugar habría discutido con Walter Rubén Godoy Pérez, un efectivo que estaba de servicio junto a otros policías.
Ambos se habrían vuelto a cruzar en el barrio entre las 4.30 y las 5 de la madrugada siguiente. Tras una persecución en la que se habrían escuchado disparos, Godoy habría reducido al joven, lo esposó y lo llevó hasta el Destacamento La Estanzuela. En la puerta de ingreso de esa dependencia habría sido visto por última vez.
La acusación alcanza a otros tres uniformados que habrían participado de la maniobra dentro del destacamento: Oscar Ramón Luffi Castro, oficial de servicio a cargo de la guarda de detenidos; Walter Rolando Páez Tello, oficial de guardia; y José Antonio Aracena Rodríguez, personal de retén.
Las pruebas que sostienen la imputación
La resolución judicial enumera los elementos que comprometerían a los nuevos acusados. Entre ellos figuran los testimonios de tres amigos de Guardati, que declararon en distintas oportunidades y participaron de reconocimientos en rueda de personas.
A eso se suman relatos de otros testigos, los libros de novedades del destacamento y las declaraciones previas de los propios policías investigados. La Justicia Federal considera que hay elementos para investigar una presunta actuación coordinada de varios integrantes de la Policía de Mendoza, tanto en la privación de la libertad del joven como en las maniobras posteriores para ocultar lo ocurrido.
La demora que alimenta la sospecha de encubrimiento
La fiscalía también apunta a lo que pasó después de la denuncia. Hilda Lavizzari, madre de Guardati, la presentó el 25 de mayo de 1992 en la Comisaría Séptima de Godoy Cruz. Ese mismo día se dispuso dar intervención a la Justicia, pero la comunicación se concretó dos días más tarde y el sumario completo se remitió recién el 18 de junio, 23 días después de la presentación.
Para los investigadores, esa demora habría permitido postergar medidas fundamentales y dejar la pesquisa inicial en manos de efectivos que podían estar comprometidos con los hechos. También se señala que superiores jerárquicos, como el comisario mayor Ramón Ignacio Ahumada Rodríguez y el subcomisario Adolfo José Siniscalchi, habrían brindado información falsa al fiscal.
Cómo sigue el expediente
Días atrás, la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso presentado por las defensas de los cuatro expolicías. Con ese fallo, el Juzgado Federal N° 3 hizo lugar al pedido fiscal de septiembre de 2024 y ordenó las imputaciones por presunta desaparición forzada, prevista en el artículo 142 ter del Código Penal, en calidad de coautores.
Gendarmería realizó allanamientos en Luján de Cuyo, Godoy Cruz y Junín, donde fueron detenidos Aracena, Luffi y Páez. Godoy, en tanto, fue localizado en Perth Amboy, Nueva Jersey, Estados Unidos: se dispuso su captura internacional y se solicitó su detención preventiva con fines de extradición. Los tres detenidos en Mendoza tienen prohibición de salir del país.
Los cuatro deberán prestar declaración indagatoria. Además, se ordenó reunir documentación de la época, legajos personales, fotografías de los efectivos en servicio y dispositivos electrónicos que puedan aportar información.
La causa acumula ahora siete policías imputados y busca avanzar sobre las responsabilidades en la desaparición y el presunto encubrimiento. La lucha de la madre de Guardati, más de tres décadas después, sigue apuntando al mismo objetivo: saber qué fue lo que pasó con su hijo.